Miles de hondureños se movilizaron en la noche de este viernes en Tegucigalpa (capital) en rechazo a las políticas del Gobierno ilegítimo de Nasry Asfura. De manera autoconvocada y pacífica, los manifestantes marcharon desde la colonia Kennedy hasta la casa presidencial, y cuestionaron el aumento a los combustibles, las políticas energéticas y medidas en detrimento de las comunidades originarias y los campesinos.

Con pancartas, cánticos y estandartes, durante casi dos horas, los manifestantes reclamaron un tope a los precios de los combustibles por la administración de Asfura, que llegó al Ejecutivo gracias a la injerencia del mandatario estadounidense Donald Trump y un golpe electoral detrás del cual están la traición de consejeras electorales de la derecha para permitir fraude, la intervención de los trolls y granjas de bot del operador de ultraderecha Fernando Cerimedo y el indulto de Trump al narcotraficante confeso, expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), para que regrese a Honduras, controle mafiosamente el país y desde allí dirija una cruzada contra la izquierda latinoamericana, con dineros de Benjamin Netanyahu mediante.

Los manifestantes repudiaron la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la más grande de Centroamérica, recuperada por y para el pueblo durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026). En paso inédito, la representante del progresismo proclamó la energía como un derecho humano y por vez primera en la historia de ese país la llevó a los sectores excluidos.

Semanas atrás, en coincidencia con el sobreseimiento de Juan Orlando Hernández por cargos de fraude y lavado de activos (en un juicio por presunta financiación ilegal de su campaña electoral en 2013), el Congreso controlado por la derecha aprobó una reforma energética que privatiza la ENEE.

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En ese momento una diputada de la derecha confirmó que la Embajada estadounidense en Tegucigalpa presionó a legisladores para que votaran a favor de la reforma antipopular. Amenazaron con privar de visas de entrada a EE.UU. a aquellos que no secundaran la iniciativa.

Asimismo, los movilizados rechazaron que el Gobierno de Asfura deje desprotegidas a las comunidades garífunas y a los campesinos con una ley que favorece a las grandes empresas y que quita las tierras a quienes históricamente les pertenecen.

Desde hace semanas, más de 35 comunidades y organizaciones mantienen un Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna frente a la Corte Suprema de Justicia.

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Los garífunas, quienes se declararon en desobediencia, volvieron a denunciar un operativo violento realizado en julio de 2026 contra la comunidad de San Juan y la persecución política emprendida contra cinco defensores del territorio: Deinor Osmany Mejía, Irbin René López, Carlos Enrique Guzmán, Onil Hernández y Zara Abigail Acosta Acosta.

Manifestantes anunciaron su intención de convocar a otras movilizaciones, siempre los viernes, en las semanas siguientes.

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