El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (JOH, 2014-2022), narcotraficante confeso e indultado por Donald Trump, fue sobreseído este martes de cargos por presuntos delitos de fraude y lavado de activos, en el contexto de una causa abierta en la nación centroamericana, conocida como Pandora II.

El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que un juez de letras dictó un sobreseimiento definitivo a JOH, en un proceso cuyo origen estuvo en el uso de fondos públicos para financiar su campaña electoral durante 2013.

De acuerdo con el corresponsal de teleSUR en Honduras, la resolución judicial allana el camino para el retorno del exmandatario a la vida pública, ya sea por la vía de presentarse directamente a reelección o intentar que su esposa, Ana Hernández, acceda al Poder Ejecutivo.

La oposición ya convocó para el próximo 3 de septiembre a movilizaciones en rechazo al sobreseimiento, así como a la decisión del Legislativo de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), adoptada en la noche de este lunes. El Congreso está controlado por la derecha política. Ante la maniobra, el partido de izquierda Libertad y Refundación (LIBRE) votó en contra de privatizar la entidad, que fue clave durante la gestión de la exmandataria de izquierda Xiomara Castro (2022-2026) para llevar el servicio a más hondureños, en particular a los sectores de menores ingresos.

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Según Silva, el juez a cargo de la diligencia valoró que no se comprobó la trazabilidad del dinero para la campaña política y que las pruebas presentadas por la defensa apuntaban a que las decisiones que tomó acerca del financiamiento de su campaña con fondos públicos ocurrieron cuando era presidente del Congreso. Añadió que la parte procesal que no esté de acuerdo con el fallo puede recurrirlo ante la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

En marzo de 2024, JOH fue hallado culpable por un tribunal de EE.UU. por cargos de narcotráfico y posesión de armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión. En noviembre de 2025, fue indultado por Trump.

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Posteriormente se conoció que el indulto era parte de un plan de la Casa Blanca, Israel y la derecha regional para controlar la política hondureña y crear en ese país un portaviones ideológico contra la izquierda latinoamericana. La primera fase de esa proyección incluía un golpe electoral en Honduras para evitar la continuidad del Gobierno de Refundación. La traición a la voluntad popular tuvo lugar en las elecciones de ese año, cuando tras la interferencia de Trump y otras maniobras falsearon los resultados.

Para impedir cualquier investigación del escándalo, el Congreso removió al fiscal general, Johel Zelaya, y a un exconsejero electoral de izquierda, Marlon Ochoa, quien denunció irregularidades para cometer un colosal fraude electoral.

La izquierda convoca a tomar las calles

A través de sus redes, el partido LIBRE se refirió a la privatización de ENEE. Recordaron que la expresidenta Xiomara Castro ha sido la única en la historia democrática del país en convertir el acceso a la energía en un derecho humano.

«Hoy, no solo robaron la última empresa del pueblo, sino que la pusieron a la venta al mejor postor, a esa oligarquía atrincherada en el poder para su cruel enriquecimiento», expresó la agrupación política, que afirmó que las élites están entregando el país a capitales extranjeros y acentuando su subordinación.

Denuncian presiones de EE.UU.

Horas atrás, una legisladora del Partido Liberal (derecha) y vicepresidenta de la Comisión de Energía del Congreso, Alia Kafati, denunció que recibió una llamada de la Embajada de EE.UU. en Honduras. Según la parlamentaria, le solicitaron respaldar las reformas al subsector eléctrico.

“Me llamaron y me pidieron que vote a favor”, afirmó Kafati. Agregó que se ha divulgado que parlamentarios podrían enfrentar medidas de presión o eventuales sanciones, entre ellas la posibilidad de perder la visa estadounidense, si no votan en sintonía con los intereses de la nación norteña.

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