La reciente aprobación por el Congreso del Presupuesto General de Colombia para el año 2027, cuyo monto asciende a 634,9 billones de pesos (equivalentes a 200 mil millones de dólares al cambio actual), provocó descontento entre los sectores de la oposición.

La ley, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, recibió la luz verde legislativa en medio de reclamos liderados principalmente por los integrantes del partido Pacto Histórico. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal calificó la discusión del proyecto como un «desastre» y lamentó la postura del Ejecutivo al no acoger ninguna de las 700 proposiciones presentadas por su bancada.

Según la congresista, estas iniciativas buscaban destinar mayores recursos a sectores clave como la educación pública, la atención a las víctimas de la violencia y las regiones. Ante la falta de concertación, la bancada opositora optó por retirarse del debate manifestando que no respaldarían una medida perjudicial para el país.

¡NO HAY NADA QUE APLAUDIR????#PresupuestoMiseria | El Senado aprobó el Presupuesto 2027 entre cuestionamientos por los recortes a las regiones. ???? 24 de 33 territorios pierden inversión, con una caída regionalizada del 6,92 % en términos reales. Los más afectados: San Andrés (-36 %), Vichada (-33 %), Casanare (-24,3 %), Atlántico (-22,7 %) y Tolima (-20,9 %). ???? Agricultura pierde 44,7 % y Minas y Energía, 21,5 %, mientras faltan $3,1 billones para subsidios de energía y gas. ????️ La reconstrucción tras el terremoto requiere $58,29 billones, de los cuales $20,4 billones corresponden al Valle del Cauca, sin claridad suficiente sobre su financiación. ¡Las regiones necesitan inversión y los damnificados soluciones, no discursos!

— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) October 20, 2026

Por su parte, desde el Pacto Histórico cuestionaron la orientación de la ley al señalar que el Gobierno prefirió proteger a entidades financieras, oligopolios y a los sectores más favorecidos. Asimismo, denunciaron que el proyecto promueve un sobreendeudamiento que terminará trasladando mayores cargas impositivas a la ciudadanía colombiana.

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Otras voces del Legislativo también sumaron sus objeciones al articulado aprobado. La senadora Jennifer Pedraza, de la colectividad Dignidad y Compromiso, criticó la ausencia de una asignación fija para atender las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, cuestionando que la asistencia a departamentos fuertemente impactados como Risaralda, Chocó y el Valle del Cauca dependa únicamente de los saldos presupuestales sobrantes.

En la misma línea, el senador Ariel Ávila lamentó la desfinanciación de los fondos destinados a la infraestructura eléctrica y energización en zonas no interconectadas como Vichada, Guainía, Arauca, Putumayo y Vaupés, además de señalar un desinterés hacia las víctimas del conflicto armado y una asfixia presupuestal contra la Jurisdicción Especial para la Paz.

???? ¡24 DE NOVIEMBRE: MOVILIZACIÓN NACIONAL! La bancada del Pacto Histórico llama a la movilización frente al Presupuesto 2027 del Gobierno de Abelardo de la Espriella, por $634,9 billones. Según la bancada, el servicio de la deuda aumenta un 46%, la inversión de la JEP cae un 82%, el SENA pierde $500.000 millones y 14 departamentos recibirán menos inversión real. La denuncia es clara: más recursos para la deuda y menos para la paz, la educación y las regiones. #PresupuestoMiseria

— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) October 20, 2026

Tras concretar la validación de la ley, el Congreso fijó un plazo de 90 días para que el Ejecutivo elabore un plan de ajuste fiscal, denominado por la Administración nacional como Ley de rescate. El Ministerio de Hacienda y el gabinete gubernamental avanzan en diálogos con el Fondo Monetario Internacional, lo que sugiere la eventual negociación de nuevos instrumentos de crédito y las exigencias que de ellos se deriven.

Convocan a movilización nacional el 24 de noviembre

La bancada del Pacto Histórico hizo un llamado a la ciudadanía a unirse a una movilización nacional el próximo 24 de noviembre en rechazo al presupuesto. Sostienen que el proyecto incrementa el servicio de la deuda en un 46 por ciento, al tiempo que reduce la inversión en la Jurisdicción Especial para la Paz en un 82 por ciento y resta 500.000 millones de pesos al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Asimismo, advirtieron que 14 departamentos verán disminuida su inversión real, denunciando que la norma prioriza el pago de la deuda sobre el financiamiento de la paz, la educación y el desarrollo regional. «La denuncia es clara: más recursos para la deuda y menos para la paz, la educación y las regiones», enfatizaron en sus redes sociales.

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