Juez de Bogotá ordena proteger obras retiradas del Museo Nacional de Colombia

La decisión surge en respuesta a un recurso promovido por el congresista del Pacto Histórico, Gabriel Becerra Yáñez, junto a integrantes de los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara retirar del museo las obras calificadas por él como «oda al terrorismo» en un intento de borrar la memoria histórica del país.

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En la foto manifestantes pegan copias de las obras retiradas frente al Museo Nacional de Colombia. Foto: EFE.


20 de octubre de 2026 Hora: 01:01

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El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela y ordenó al Museo Nacional de Colombia mantener bajo custodia, resguardar y elaborar un inventario detallado de aproximadamente 30 piezas retiradas de sus exposiciones, proscribiendo además nuevas intervenciones sobre las obras por motivos de contenido sin un acto administrativo que las justifique.

La decisión judicial surge en respuesta a un recurso promovido por Gabriel Becerra Yáñez, secretario general del partido Unión Patriótica, junto a integrantes de los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa.

La acción legal fue interpuesta tras la remoción de cerca de 30 elementos vinculados a la memoria histórica del conflicto armado, el feminismo y las comunidades LGBTQ+, ejecución efectuada luego de los señalamientos del presidente Abelardo de la Espriella, quien solicitó retirar de los espacios públicos piezas calificadas por su despacho como oda al terrorismo.

La providencia, suscrita por el juez César Enrique Osorio Ortiz, ordena a la institución museística mantener los elementos en condiciones técnicas adecuadas de conservación, abstenerse de trasladarlos, destruirlos, alterarlos, darlos de baja o devolverlos a terceros. Asimismo, prohíbe desmontar o intervenir otras obras sin el debido soporte legal y dispone la preservación de todos los registros, guiones museográficos, actas y comunicaciones vinculadas al procedimiento.

El juzgado otorgó un lapso de 24 horas a la dirección del museo para presentar un informe exhaustivo que especifique la ubicación actual, el estado de conservación de los bienes afectados, incluidos los elementos extraídos de las salas de exhibición y del jardín conmemorativo Miguel Ángel Díaz, y la identificación de la autoridad que dispuso la medida.

Al fundamentar la adopción de medidas provisionales para evitar un perjuicio irremediable, el despacho judicial señaló que la Corte Constitucional reconoce la relevancia de las expresiones artísticas vinculadas a los procesos de verdad extrajudicial y reparación simbólica.

En la providencia se subrayó que “la Corte Constitucional ha reconocido que las expresiones artísticas asociadas a procesos de memoria histórica, verdad extrajudicial y reparación simbólica de las víctimas no constituyen simples manifestaciones culturales, sino instrumentos constitucionalmente protegidos para la construcción de memoria colectiva, la dignificación de las víctimas y las garantías de no repetición al cumplir una función reparadora, pedagógica, democrática”.

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El juez precisó además que “tales manifestaciones gozan de una protección reforzada, dada su estrecha relación con los derechos fundamentales a la verdad, la memoria histórica, la libertad de expresión artística y la reparación simbólica de las víctimas”.

Sobre la urgencia de la intervención judicial, el documento destaca que “existe una apariencia razonable de vulneración de los derechos fundamentales a la memoria histórica, la verdad, la reparación simbólica y la libertad de expresión artística, así como un riesgo cierto de agravación del daño si no se adoptan medidas inmediatas de conservación”, concluyendo que “las medidas provisionales solicitadas resultan necesarias, urgentes y proporcionales para evitar la consumación de un perjuicio irremediable sobre bienes constitucionalmente protegidos mientras se decide de fondo la presente acción constitucional”.

El recurso ampara la actuación contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el propio Museo Nacional, otorgándoles un plazo de un día hábil para presentar descargos, pruebas y aclarar la existencia de actos administrativos sustentatorios, así como el nivel de autonomía institucional existente entre ambas instancias.

Al trámite fueron vinculados el presidente Abelardo de la Espriella, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría de Integración Social, la Fundación Sí Mujer y el Partido Comunista Colombiano, entidades que contarán con un día hábil para aportar los elementos probatorios correspondientes.

La remoción de los objetos expuestos desencadenó jornadas de protesta frente a la sede del Museo Nacional, sumadas al rechazo público emitido por los museos de arte moderno del país y el Consejo Internacional de Museos de Colombia (ICOM). Las medidas cautelares regirán mientras la autoridad judicial resuelve el fondo de la tutela.

Docentes universitarios trasladaron sus clases este lunes a la escalinata del Museo Nacional de Colombia como forma de protesta pacífica contra el retiro de obras impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en el marco de su denominada batalla cultural.

Con el apoyo de un sistema de amplificación, profesores de diversas disciplinas impartieron cátedras abiertas al público para analizar las implicaciones de la medida gubernamental y debatir sobre lo que califican como una forma de censura. La iniciativa académica se desarrolló bajo la vigilancia de numerosos efectivos de la Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi), el mismo cuerpo de seguridad que reprimió las manifestaciones multitudinarias registradas el fin de semana frente a la institución.

La controversia surgió la semana pasada tras conocerse la orden ejecutiva del mandatario colombiano de retirar cerca de 30 piezas de las exposiciones permanentes. Las obras afectadas están vinculadas principalmente a reivindicaciones feministas, movimientos LGBTI, memoria de las víctimas del conflicto armado y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.

Catalina Muñoz Rojas, profesora asociada del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes y promotora de las jornadas, indicó que las piezas extraídas formaban parte de montajes construidos rigurosamente a lo largo de los años para reflejar el carácter plural y diverso consagrado en la Constitución de 1991.

La académica advirtió que la intervención presidencial truncó procesos curatoriales democráticos y participativos desarrollados con la participación de distintas comunidades del país, vulnerando los principios constitucionales. Asimismo, señaló que los docentes mantendrán las actividades pedagógicas durante toda la semana para dialogar con la ciudadanía y los propios uniformados desplegados en el lugar, a quienes exhortaron a respetar el carácter pacífico y académico de la protesta.

Por su parte, asistentes como Ana López, residente en el país, tildaron la decisión gubernamental de arbitraria y autoritaria, advirtiendo sobre el peligro de una censura radical que busca silenciar la diversidad cultural y social de la nación.

Autor: teleSUR - abl - MS

Fuente: Prensa Latina - El Colombiano - EFE