Integrantes de la bancada del Pacto Histórico rechazaron de forma contundente la actuación de la Unidad Nacional Antidisturbios frente al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, donde se congregaron cientos de ciudadanos durante la noche del sábado. El representante a la Cámara Gabriel Becerra repudió la intervención policial contra la manifestación pacífica, exigiendo explicaciones al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por la retirada de piezas históricas del recinto cultural.

La jornada de protesta pacífica fue organizada para rechazar la remoción de más de 30 obras y objetos vinculados a las luchas sociales de la comunidad LGBTIQ+, el feminismo, el proceso de paz de 2016 y figuras de la Unión Patriótica.

Sin embargo, al llegar la noche, la fuerza pública dispersó la concentración utilizando tanquetas con cañones de agua, detonaciones aturdidoras y gases lacrimógenos en las inmediaciones de la carrera Séptima.

Ante estos hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó una profunda preocupación por lo que calificó de despliegue innecesario y desproporcionado frente a un evento de carácter estrictamente cultural. Asimismo, la funcionaria instó a las autoridades gubernamentales a respetar el derecho constitucional a la protesta y a no tratar las expresiones ciudadanas como un problema de orden público.

Por su parte, el senador Alejandro Ocampo y otros legisladores señalaron que estas medidas oficiales buscan borrar las luchas sociales del país y reescribir la memoria histórica según la narrativa del Ejecutivo nacional. Igualmente, diversos colectivos juveniles intervinieron la fachada del museo pegando reproducciones de las piezas retiradas para mantener visibles las expresiones sobre diversidad y derechos humanos en el espacio público.

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En este contexto, el Museo de Arte Moderno de Bogotá conjuntamente con recintos culturales de Medellín, Barranquilla y Cartagena firmaron una declaración pública exigiendo garantías para la autonomía curatorial de los museos. Las instituciones expresaron que ninguna administración gubernamental debe imponer versiones históricas unilaterales que supriman la pluralidad de voces en los espacios patrimoniales del Estado.

El hecho se enmarca en las directrices del presidente Abelardo de la Espriella, quien defendió la remoción de obras bajo el argumento de combatir el adoctrinamiento político y la cultura progresista. Pese a la represión policial registrada, diversas organizaciones sociales mantuvieron la convocatoria para realizar nuevas jornadas de plantón en defensa del patrimonio histórico nacional.

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