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Inmigrantes que han sido detenidos cruzando la frontera ilegalmente se encuentran en la estación fronteriza en McAllen, Texas el 15 de julio de 2014, donde son procesados.

Inmigrantes que han sido detenidos cruzando la frontera ilegalmente se encuentran en la estación fronteriza en McAllen, Texas el 15 de julio de 2014, donde son procesados. | Foto: Reuters

Publicado 21 agosto 2015
Cinco madres migrantes presentaron documentos en la corte en busca de millones de dólares en daños y perjuicios por parte del gobierno por los daños psicológicos y físicos relacionados con su detención.

A pesar de un fallo fulminante por la Jueza de la corte federal, Dolly Gee, ordenando a la Administración de Obama la liberación de las familias migrantes encerradas en centros de detención, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está impugnando la decisión.

La Jueza Gee sostuvo que la detención de niños en instalaciones seguras constituye una violación grave del acuerdo de solución de Flores de 1997, una demanda colectiva que regula el tratamiento de los menores no acompañados en la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La jueza condenó las "condiciones generalizadas y deplorables en las celdas de detención de las estaciones de la Patrulla Fronteriza". Encontró que las condiciones están causando "daños psicológicos, de desarrollo físico y de larga duración" y dio al gobierno 90 días para cumplir con la orden. Pero el gobierno de Obama ha dejado claro que va a luchar para mantener los centros abiertos.

 El acuerdo de Flores prohíbe al gobierno encarcelar a niños inmigrantes a menos que planteen un riesgo para la seguridad, prohíbe las instalaciones que albergan a menores cuya detención no justifica ser carcelaria, y les obliga a poseer las necesarias licencias de cuidado infantil. Gee falló que el arreglo se aplica no sólo a los menores no acompañados, sino también a los que están en custodia de sus padres. Sin embargo, los centros de detención no son gestionados por profesionales con licencia de bienestar infantil, sino por contratistas con fines de lucro. Denunciantes, periodistas y defensores han pintado un preocupante cuadro sobre las condiciones de los centros.

El gobierno de Obama actuó rápidamente para defender su práctica.

En una respuesta de 60 páginas presentada el 6 de agosto, el gobierno afirmó que terminar con la detención "aumentaría el riesgo de otra oleada de inmigración ilegal… Ya que incentivaría a los adultos a llevar niños en su peligroso viaje como un medio para evitar la detención y poder acceder al interior de los Estados Unidos". Pero un tribunal federal en Washington, DC, emitió un mandato judicial en febrero  prohibiendo al gobierno retener a familias exclusivamente "con el propósito de disuadir una futura inmigración". Y el juez Gee encontró que el gobierno no había presentado pruebas convincentes de que la detención de la familia tendría un impacto medible en los flujos migratorios. En lugar de una política general de la detención, las autoridades de inmigración deben llevar a cabo una determinación individualizada de la solicitud de asilo y del riesgo de fuga.

Obama terminó con la detención familiar en el 2009, pero revivió la práctica en respuesta a la oleada de migrantes que cruzaron la frontera el verano pasado, la mayoría de los cuales lo hacían huyendo de la violencia y la pobreza en el Triángulo del Norte Centroamericano - Honduras, Guatemala y El Salvador. Unos 38 mil niños cruzaron la frontera con sus madres durante el último año fiscal. Para complementar una pequeña instalación existente en el condado de Berks, Pennsylvania, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzó a detener a madres y niños en Dilley y Karnes City, en Texas. Unas mil cuatrocientas mujeres y niños están detenidos ahora en Texas, comparados con los más de 2 mil detenidos en junio.

La práctica cada vez más controvertida de familias en detención fue atacada después de una serie de informes que exponían las condiciones terribles de las instalaciones, una serie de demandas y una creciente presión política. En mayo, 135 miembros del Congreso escribieron una carta a Johnson para alertarlo sobre una fuerte evidencia de que la detención de inmigrantes es perjudicial para las madres y los niños, y "no es un reflejo de los valores de nuestra nación". Los legisladores instaron al DHS para que ponga fin a la detención de la familia. Tras el fallo del juez Gee, más de 170 miembros del Congreso escribieron a Johnson nuevamente, reiterando sus anteriores preocupaciones e implorándole que cumpla con el fallo de la Jueza Gee. Tratando de disminuir el número de familias y aliviar la presión, el DHS recientemente comenzó a liberar a cientos de madres y niños detenidos que habían establecido tener un temor creíble de regresar a su país de origen, con fianzas  o con vigilancia electrónica en los tobillos. Pero muchos todavía permanecen en los centros de detención. Y como señaló la Jueza Gee, el cumplimiento voluntario deja al gobierno demasiado margen de maniobra, ya que "podrían volver fácilmente a la política anterior tan abruptamente como adoptaron la nueva"

El gobierno dice que sólo retiene a familias con las solicitudes de asilo creíbles por un par de semanas, y que las "prácticas y políticas mencionadas ya no existen". Pero en recientes visitas a las instalaciones de Dilley, inmediatamente después de la orden de la Jueza Gee, ‘Human Rights First’ encontró una imagen totalmente diferente - la mayor parte de las 40 familias que entrevistaron ya habían estado bajo custodia de uno a dos meses, y algunos hasta seis meses. El grupo de Derechos Humanos también encontró que aunque muchas de las mujeres y los niños tenían lazos familiares y direcciones verificables de la familia con la que iban a permanecer en los EEUU, las fianzas se establecieron inicialmente entre US $ 7,000 - $ 9,500 dólares, cifra totalmente fuera del alcance de migrantes empobrecidos que probablemente gastaron  todos los escasos recursos que tenían para llegar a la frontera. Las fianzas pueden ser reducidas más tarde por un Juez de Inmigración, pero incluso la detención corta puede causar angustia psicológica y física para familias ya traumatizadas por la violencia y la persecución en sus países.

Aunque el gobierno afirma estar implementando prácticas más humanas, unos pocos días después de la decisión de Flores un fiscal federal de Inmigración y Aduanas dijo que había recibido instrucciones de "oponerse enérgicamente" a la liberación condicional de las familias y de buscar fianzas de altas cantidades, justamente destinadas a impedir su liberación. Y en lugar de avanzar hacia el cierre, más de 350 personas fueron enviadas a la instalación de Dilley, después de la orden de la Juez Gee de liberar a las familias.

Mientras tanto, cinco madres migrantes presentaron documentos en la corte este mes en busca de millones de dólares en daños y perjuicios por parte del gobierno por los daños psicológicos y físicos relacionados con su detención. Y el mes pasado, diez madres presentaron una queja alegando que recibieron atención médica deficiente durante su detención en el DHS.

Las madres y los niños detenidos son solicitantes de asilo vulnerables que huyeron de la violencia y la desesperación y no representan una amenaza a la nación. Después de la reciente presentación de la administración Obama, Zoe Lofgren, un congresista demócrata de California y un crítico acérrimo de la detención, escribió: "El aviso está hecho - la detención familiar es inaceptable, antiamericana, y va a terminar. En lugar de luchar contra el fallo del tribunal, la respuesta correcta y moral es tomar rápidamente las medidas necesarias para que la política de detención de nuestro país esté en línea con el acuerdo de liquidación de Flores".

El gobierno de Obama debe admitir que la detención familiar es inhumana e ilegal, y cesar la práctica ahora, antes que haga más daño.


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