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Las conversaciones de paz, sin embargo, están fuera de cuestión. Después de todo, no se negocia con terroristas.

Las conversaciones de paz, sin embargo, están fuera de cuestión. Después de todo, no se negocia con terroristas. | Foto: Hoy Venezuela

Publicado 29 septiembre 2015
El Salvador corre el riesgo de sacrificar las libertades civiles y los derechos humanos en su guerra contra el terror contra las pandillas.

Con un solo fallo el mes pasado, la Corte Suprema de El Salvador cambió fundamentalmente la guerra del país contra el crimen organizado.

El Tribunal emitió una decisión histórica el 24 de agosto rechazando desafíos constitucionales a una ley sobre terrorismo del año 2006. En el camino, se redefinió al terrorismo como cualquier intento de tomar el monopolio legítimo del Estado por el uso de la fuerza, se extendió la designación de "terrorista" a miembros de varias pandillas de El Salvador, y se dejó claro que alguna de las personas u organizaciones asociadas con las pandillas podrían encontrarse enfrentando cargos de terrorismo también.

El Presidente Salvador Sánchez Cerén aplaudió la decisión.

"La represión a la delincuencia ahora será más eficaz", dijo Sánchez Cerén. "Las pandillas son ahora terroristas y se aplicará toda la fuerza de la ley contra ellos".

El apoyo oficial a la decisión viene mientras El Salvador se hunde cada vez más en crisis. El país fue testigo de un aumento sorprendente de la violencia el mes pasado. Sólo en agosto, más de novecientas personas fueron asesinadas - la subida más pronunciada en asesinatos experimentada en El Salvador desde la guerra civil del país.

A pesar de la aprobación del Gobierno, la intervención de la Corte Suprema sólo traerá más problemas a un país que ya ha sufrido terriblemente.

El fallo proporciona cobertura retórica y jurídica que permitirá al Gobierno procesar su guerra contra las pandillas con mayor libertad. Sin embargo, al igual que la "guerra contra el terror" procesada por los Estados Unidos llevó al sacrificio de las libertades civiles y los Derechos Humanos en nombre de la seguridad nacional, el lenguaje que domina la decisión del tribunal prende las alarmas de que una similar derogación de la ley podría suceder en El Salvador. De hecho, puede estar ya en marcha.

El Gobierno de Sánchez Cerén ha tratado de ampliar sus poderes de vigilancia en el público en general, y ha alentado explícitamente a las fuerzas de seguridad del Estado a tomar medidas extremas en su lucha contra las pandillas. Si se cree las repetidas denuncias de matanzas de miembros de pandillas y civiles, policías y militares han abrazado el mensaje, y están luchando contra el poder de las pandillas por cualquier medio necesario. La realidad alarmante es que el fallo reciente invita a las pandillas a pensar de manera similar.

Colapsando el actual conflicto del Estado con las pandillas en una "guerra contra el terror" centroamericana, el tribunal puede haber inaugurado un nuevo y más grotesco período de violencia. El renombrar a la delincuencia organizada como terrorismo, y a las maras como terroristas, deja a las pandillas con pocas opciones. No hay duda de que van a seguir adelante con su guerra contra el gobierno. Pero sin nada que perder, no hay ninguna razón para suponer que las maras no vivirán de acuerdo con el estereotipo de "terroristas".

La evidencia de que la lucha en curso entre las fuerzas del Estado y las pandillas está tomando un nuevo giro ya ha aparecido. Hasta ahora, la violencia de las pandillas se limitaba en gran medida a los tiroteos en las calles y las ejecuciones perpetradas en gran medida fuera de la vista pública. Ya no más. El día después de que el Tribunal emitió su fallo, el Fiscal General Luis Martínez anunció que las fuerzas de seguridad habían frustrado un complot de miembros de pandillas para llevar a cabo ataques con explosivos contra funcionarios del Gobierno.

Luego, el 29 de agosto, el ministro de Defensa, general David Munguía Payés anunció que la policía había desactivado un coche bomba descubierto cerca del Ministerio de Seguridad en San Salvador. Este anuncio fue seguido por un ataque con éxito en la capital, dos semanas más tarde, cuando un coche bomba explotó a altas horas de la noche cerca del Ministerio de Hacienda. Afortunadamente nadie resultó herido en el ataque, pero queda claro que las pandillas han decidido llevar la lucha directamente al corazón del poder del Estado.

Ésta es una batalla que el Estado no puede ganar. La derrota de las pandillas a través del uso de la fuerza, no importa lo mucho que se use, es imposible. Con cada nueva fase del conflicto, las pandillas han demostrado la capacidad de satisfacer la coerción del Estado con la abrumadora violencia de los suyos. La huelga de autobuses del mes último, y la cadena de atentados con coches bomba que la siguieron, deja en claro que las pandillas de El Salvador son capaces de llevar a cabo operaciones sofisticadas que tienen como objetivo aumentar aún más la apuesta.

Con el fin de recuperar el control sobre las guerras de pandillas el Gobierno necesita fundamentar creativamente su mayor activo - la legitimidad- especialmente porque su enfoque militarizado a la lucha contra las maras aporta rendimientos que disminuyen rápidamente. Sánchez Cerén parece consciente del hecho. Tras la decisión de la corte de volver a calificar a las pandillas como grupos terroristas, el presidente urgió al Congreso de El Salvador a redactar una ley que ofrezca una sanción legal a miembros de pandillas que busquen su rehabilitación en la sociedad regular.

La sentencia, sin embargo, socava esos esfuerzos. Mientras que el Presidente trató de equilibrar palos con zanahorias, el tribunal calificó a sectores enteros de la sociedad salvadoreña como potenciales enemigos del Estado. A su favor, los magistrados trataron de definir lo que constituye la ayuda ilegal a las pandillas. Estas son descripciones generales sin embargo, y dejan a los Tribunales inferiores con la responsabilidad de determinar si hay "terrorismo" en casos específicos, lo que podría invitar a abusos y ataques por motivos políticos de individuos u organizaciones. A menos que se aplique cuidadosamente la ley, el miedo de los salvadoreños a las pandillas podría dar paso al miedo al Gobierno.

Pero en el largo plazo, el mayor daño causado por la intervención de la Corte radica en su prohibición de la negociación de la paz con las pandillas. El tribunal descartó la posibilidad como inconstitucional, cerrando efectivamente alguna esperanza de que las guerras en curso que desgarran a El Salvador puedan resolverse mediante la diplomacia. Esta es la insidia real de la decisión –imponer restricciones al país en una guerra contra el terrorismo sin un final previsible.

Miles serán asesinados. Muchos más huirán y serán desplazados. Las conversaciones de paz, sin embargo, están fuera de cuestión. Después de todo, no se negocia con terroristas.


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