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El Presidente de Ruanda, Paul Kagame, ahora puede respirar más tranquilamente.

El Presidente de Ruanda, Paul Kagame, ahora puede respirar más tranquilamente. | Foto: Reuters

Publicado 25 noviembre 2015

España ha cerrado su caso contra Ruanda y la doctrina que una vez mantenía a los criminales de guerra despiertos por la noche.

A principios de octubre, la Corte Suprema de España desestimó el caso conocido, por los observadores de Ruanda, como los Merelles (2008). El juez Andreu Merelles acusó a cuarenta oficiales militares de Ruanda de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo y genocidio, y emitió órdenes de arresto. La acusación fue hecha porque algunos ciudadanos españoles habían muerto en la guerra civil de Ruanda. Pero la amplió para incluir a las víctimas ruandesas y congoleñas de las fuerzas armadas de Paul Kagame, el ganador de la guerra civil de 1990 y el hombre que pudo haber pasado a ser Presidente de por vida de Ruanda (más sobre esto más adelante).

Las acusaciones siempre habían excluido a Kagame debido a su inmunidad presidencial. Kagame se trató de proteger a sí mismo de dos maneras, las dos, finalmente, tuvieron éxito. La primera, Kagame pudo haber razonado, si el Presidente es inmune a enjuiciamiento, ¿por qué no quedarse de Presidente para siempre, haciendo los cambios constitucionales necesarios para lograrlo? La segunda, las acusaciones mismas fueron impugnadas y la doctrina subyacente, en última instancia, derrotada.

La doctrina en cuestión se llama "jurisdicción universal". La idea era que delitos como genocidio y los crímenes contra la humanidad no eran crímenes que se quedaban dentro de las fronteras nacionales. Como resultado, cualquier país podría acusar y juzgar a los acusados ​​de tales delitos, aunque fueran de otro país. La jurisdicción universal es una doctrina liberal, análoga a la Responsabilidad Para Proteger (R2P). La jurisdicción universal no es tan propensa al abuso, como la R2P, principalmente porque no es tan asimétrica como la R2P: cualquier país con un poder judicial puede celebrar un juicio y emitir órdenes de arresto, pero sólo dos o tres países en el mundo tienen el poder militar para enviar fuerzas armadas a otros países, ya sea con el pretexto de proteger a la gente o cualquier otra excusa. Para las no-superpotencias, los países más pequeños, sólo hay la amenaza de la ley.

España solo era un país pequeño cuyos jueces usaron la ley en contra de los violadores de derechos humanos en otros países. Bajo la ley de jurisdicción universal se intentó juzgar al dictador de Chile Augusto Pinochet, a los militares guatemaltecos, y a militares argentinos. Pero los jueces españoles no solo persiguen a los dictadores caídos de los países más pequeños. También persiguieron al ex secretario de Estado Henry Kissinger, a los soldados estadounidenses por crímenes en Irak, a los políticos chinos por crímenes en el Tíbet, y a los generales israelíes por las masacres de palestinos.

Al ir tras el pez grande y la gente en el poder, los jueces españoles hicieron sonar las alarmas. Israel, que utilizó la famosa doctrina de jurisdicción universal en su juicio contra Eichmann en 1961, consiguió que la investigación en contra de sus oficiales sea detenida. Kissinger sostuvo que la doctrina degeneraría en juicios contra opositores políticos.

El año pasado, la legislatura de España redujo la aplicabilidad de la jurisdicción universal. Un artículo del New York Times (febrero 10/14, "España busca frenar la Ley para Permitir a Jueces perseguir casos a nivel mundial") sugiere que China fue la última gota. Pero la doctrina fue atacada anteriormente. Y la última gota no fue China, sino el arresto en junio de uno de los oficiales de inteligencia del gobernante de Ruanda, Karenzi Karake, en Londres, con una orden de detención europea presentada el 2008, basada en las acusaciones de Merelles. Karenzi Karake fue dejado en libertad en agosto gracias a los denodados esfuerzos de la familia Blair (Tony Blair es amigo y asesor de Kagame, y Cherie Blair era la abogada de Karake). Menos de dos meses después, las acusaciones de Merelles fueron descartadas en el Tribunal Supremo español.

Kagame y sus hombres pueden respirar un poco más tranquilamente. En cuanto al propio Kagame, no sea que cualquier otro país tenga la idea de aplicar la jurisdicción universal, el parlamento de Ruanda votó permitiendo que Kagame pueda extender su mandato más allá del final de su límite en 2017. Tal vez se quede hasta 2034. El Parlamento no hizo cambiar la ley para todo el mundo: sólo para Kagame.

¿Queda algo de estas acusaciones? Para 29 de los 40 acusados, queda la posibilidad de acción penal en caso que entren a territorio español.

Pero la doctrina sobre la que se basa la jurisdicción universal, se ha erosionado. La periodista Judi Rever, describiendo el caso en Diario Digital, utilizó el término "destripado". Después de esta decisión, el ámbito jurídico internacional se ha vuelto un poco más seguro para los criminales de guerra.

La justicia parcial y la justicia del vencedor todavía se llevarán a cabo a través de estos tribunales internacionales. Si usted es un dictador, y pierde la guerra, y al final termina en el lado equivocado de las armas Occidentales - debe seguir temiendo por su juicio y ejecución en los tribunales internacionales.

Pero si usted está perpetrando crímenes contra los asiáticos o africanos, en lugares como Ruanda o la República Democrática del Congo, o en Palestina o Afganistán o Irak, bajo la protección de una gran potencia como los EE. UU - entonces, quédese tranquilo. La ley nunca lo tocará.


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