El Gobierno argentino oficializó este lunes en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 1055/2026, la destitución de la subsecretaria de Planificación General de la Presidencia, María Belén Agudiez, una de las colaboradoras más cercanas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente.

El despido responde a un creciente escándalo de nepotismo, malversación de fondos públicos y uso de la Quinta Presidencial de Olivos para negocios privados, denunciado ante la Justicia Federal por la diputada y periodista Marcela Pagano —quien abandonó las filas del partido oficialista La libertad Avanza en agosto de 2025—.

El caso, calificado como «Olivosgate» por la prensa argentina, busco ser tapado en días previos con el despido del personal civil de la residencia presidencial y el traspaso de labores a la Casa Militar, alegando motivos de seguridad.

Los números no cierran. En Olivos se consume 4 veces más dulce de leche y 3 veces más mostaza que en la Rosada, según las compras de @KarinaMileiOk . Extraño ya que por la Rosada circulan 50 veces más personas que en la Residencia presidencial… (abro hilo)

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 21, 2026

Agudiez, responsable del manejo operativo de la residencia del presidente, montó una red de contrataciones familiares al nombrar a su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, como intendente de la quinta (quien también fue separado de su cargo), además de emplear a su madre, hermana y primos en tareas de mantenimiento y administración.

Las pesquisas judiciales, a cargo del juzgado 12 que subroga Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano, investigan el desvío de insumos estatales y el delito de peculado de servicios para beneficiar a «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering operado por la familia de la exfuncionaria.

Desvío masivo de alimentos y proveedores fantasma

La investigación penal reveló compras desproporcionadas por parte de la Secretaría General de la Presidencia, entre las que destaca una licitación para adquirir 29.505 kilogramos de carne vacuna, pollo, cerdo y pescado destinados a la Casa Rosada y Olivos durante un periodo de seis meses.

Según la denuncia, gran parte de estos alimentos de calidad premium no llegaba a la mesa presidencial, sino que abastecía directamente las operaciones del servicio de catering privado, cuyos eventos eran atendidos por personal civil de la residencia estatal bajo pólizas de seguro pagadas por el Estado.

Los números no cierran. En Olivos se consume 4 veces más dulce de leche y 3 veces más mostaza que en la Rosada, según las compras de @KarinaMileiOk . Extraño ya que por la Rosada circulan 50 veces más personas que en la Residencia presidencial… (abro hilo)

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 21, 2026

La diputada Pagano presentó documentación sobre la utilización de un jubilado en situación de extrema vulnerabilidad social como prestanombres, a quien inscribieron falsamente como proveedor del Estado para facturarle a la Presidencia sumas superiores a los 600 millones de pesos (alrededor de 396 mil dólares).

El expediente judicial abarca además licitaciones irregulares de jardinería por 700 millones de pesos (462 mil dólares) adjudicadas a socios de la familia Agudiez, contrataciones dudosas de carritos de golf y compras millonarias de aromatizantes ambientales de una marca que comercializaba la propia exsubsecretaria.

Militarización del recinto y blindaje político

Ante el avance del denominado «Olivosgate», el presidente Javier Milei ordenó el despido del personal civil de la residencia y entregó el control total de la seguridad y la administración a la Casa Militar.

Aunque la narrativa oficial intentó justificar la medida por estrictas razones de seguridad e incluso por una eventual visita papal, la purga buscó disimular la expulsión del intendente Sosa y restringir el acceso a la residencia, en una acción descrita por Pagano como un intento de aislar al jefe de Estado bajo el control directo de su hermana.

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La caída de Agudiez afecta la estructura de Karina Milei, cuyo entorno afronta señalamientos por sobornos del 3% en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el enriquecimiento ilícito del exvocero Manuel Adorni, así como irregularidades en la administración de Tecnópolis.

Los empleados despedidos y la exfuncionaria mantienen contratos de confidencialidad por 90 días que les impiden hacer declaraciones públicas, mientras las redes del emprendimiento familiar fueron eliminadas tras la exigencia de renuncia de la alta funcionaria

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