La Cámara de Senadores de Bolivia sancionó este viernes el acuerdo financiero por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para respaldar las reformas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz, un pacto rechazado de antemano por sectores opositores, entre ellos el liderado por el exmandatario Evo Morales, quien lo calificó como una «traición a la patria».

Tras su aprobación en sesión ordinaria por más de dos tercios de los presentes, la normativa quedó lista para ser remitida al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación. El proceso legislativo avanzó luego de que la Cámara Alta aprobara una dispensación de trámite a solicitud del presidente del Senado, Diego Ávila, tras la revisión previa realizada en la Cámara de Diputados.

Durante la plenaria, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, acudió al hemiciclo para detallar los alcances del proyecto de ley del empréstito, explicó que los fondos provenientes del organismo multilateral, equivalentes a 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), se destinarán a «estabilizar la economía, las reservas internacionales y la balanza de pagos«, descartando su uso para gastos corrientes.

El financiamiento contempla un plazo de repago de hasta 10 años a partir de cada desembolso, con un periodo de amortización fijado a partir de los cuatro años y seis meses y un margen de desembolso de hasta 36 meses. La tasa de interés inicial se estableció en 3,47 %, la cual podrá variar de acuerdo con la cotización de los DEG.

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La aprobación del convenio consolida los acuerdos oficializados el pasado 29 de julio entre el Estado boliviano y el FMI para hacer frente a los desequilibrios fiscales y externos acumulados en los últimos años. Morales destacó que este respaldo internacional abrirá las puertas para captar otros 5.000 millones de dólares adicionales.

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Estos recursos complementarios serán asignados por el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo para ser canalizados hacia proyectos de inversión pública, impulso productivo, generación de empleo y programas sociales destinados a reducir la incertidumbre y beneficiar a la población boliviana.

Dentro de los compromisos asumidos por el Estado ante el organismo internacional figura la eliminación de la subvención a los combustibles a partir de 2027, por lo que los precios fijos vigentes se mantendrán hasta diciembre de este año.

Sin embargo, durante una rueda de prensa el vicepresidente Edmand Lara —enfrentado con el jefe de Estado— afirmó este viernes que tiene información “extraoficial” de que el presidente Rodrigo Paz quitará la subvención de manera “total” a los combustibles en las próximas horas.

Críticas del expresidente Evo Morales

La semana pasada el expresidente Evo Morales calificó el convenio como «una traición a la patria» y denunció que viola la Constitución Política del Estado (CPE). A través de sus redes sociales, el exmandatario aseveró: «El acuerdo entre el gobierno con el FMI es inconstitucional y una traición a la patria. El Art. 320 de la CPE prohíbe imposiciones y condicionamientos extranjeros sobre nuestra política económica».

El acuerdo entre el gobierno con el FMI es inconstitucional y una traición a la patria. El Art. 320 de la CPE prohíbe imposiciones y condicionamientos extranjeros sobre nuestra política económica. Pero, con el pretexto de levantar la subvención y abrir candados para atraer… pic.twitter.com/fRyEPsg3JJ

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 11, 2026

Sostuvo que, bajo el pretexto de atraer inversión extranjera y suprimir la subvención a los combustibles, el Ejecutivo busca modificar el ordenamiento constitucional para privatizar y entregar los recursos naturales del país a las transnacionales.

El exmandatario rechazó el anuncio gubernamental sobre el cierre de 10 empresas públicas —cuyas identidades aún no han sido reveladas—, al considerar que representa una nueva etapa de privatización orientada a «vender Bolivia».

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