El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei contempla un ajuste de casi el 10% en términos reales para el programa que abastece a los comedores comunitarios, lo que totaliza una reducción a la mitad de estos fondos desde 2023.

Los recursos asignados a la Secretaría Nacional de Niñez, Familia y Adolescencia, organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, sufrirán un recorte del 11.3% en relación con el año en curso y del 75.8% en comparación con 2023. Esta repartición ejecuta el programa Alimentar Comunidad, que provee alimentos a merenderos y comedores de todo el país, acumulando un ajuste del 47.6% durante la presidencia de Milei.

Este desfinanciamiento se combina con la eliminación del programa Volver al Trabajo, el cual incluía entre sus beneficiarias a numerosas mujeres que cocinan y atienden diariamente a las personas que asisten a estos espacios.

El ajuste presupuestario afecta directamente a las políticas de transferencia para niños y adolescentes. El proyecto propone eliminar la actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), esta medida «vuelve completamente discrecionales los aumentos y pone en riesgo el valor de la AUH y su capacidad de cobertura». El organismo advirtió que «la existencia de una regla fiscal que no contempla una perspectiva de derechos puede suponer un serio obstáculo para incrementos presupuestarios no previstos en la ley».

La ACIJ destacó que, mientras la AUH, las asignaciones familiares y el Plan de los 1000 días recuperaron un 31.9% real desde 2023, la Tarjeta Alimentar (TA) y las Becas Progresar sufrieron un recorte del 50.5% en el mismo período. Esto evidencia una pérdida de poder adquisitivo notablemente superior en las prestaciones no indexadas. De hecho, la TA registró su último aumento en mayo de este año, luego de permanecer congelada durante 23 meses.

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En el ámbito del mercado laboral, el desempleo subió al 7.9% en el segundo trimestre, alcanzando el nivel más alto desde la pandemia. Frente a este escenario, el Gobierno se comprometió a sostener el equilibrio fiscal en 2027. No obstante, al haber sobreestimado la recaudación en el proyecto de presupuesto, una eventual caída de los ingresos podría obligar a profundizar el ajuste, tal como ocurrió durante el año en curso.

El análisis de programas concretos revela que el ajuste es más evidente en ciertas áreas. Las Becas Progresar sufren una disminución del 77.1% en comparación con 2023. El programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) se mantiene sin presupuesto, al igual que en los dos años anteriores.

Asimismo, el Programa de Acompañamiento Social (PAS), dirigido a madres de cuatro o más hijos, enfrentará un recorte del 47.1% el próximo año, lo que implica su desaparición efectiva, dado que el ajuste acumulado desde 2023 es del 97.5%. En conjunto, las políticas de transferencia directa a niños y adolescentes prevén un nivel de recursos similar al de 2023, año en el que ya se había producido una caída superior al 20% respecto a los dos períodos anteriores.

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