El ingreso formal del proyecto de Ley de «Defensa de la Soberanía Nacional» a la Cámara de Diputados en Argentina, abrió un fuerte frente de rechazo para el Poder Ejecutivo. 

Pese a que el presidente Javier Milei presentó la iniciativa como una causa de unidad nacional alrededor de las Islas Malvinas y pidió “darle máxima prioridad y celeridad”, /“caballo de Troya” para ejecutar una profunda reforma del sistema de Defensa, Inteligencia y Seguridad Interior, amenazando consensos democráticos vigentes desde 1983.

​Desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas coincidieron en que solo un 30 % del articulado se vincula directamente con la Causa Malvinas, mientras que el 70 % restante introduce cambios de fondo en el marco legal del Estado, otorga facultades excepcionales al Ejecutivo y alinea la normativa interna a los compromisos de seguridad hemisférica promovidos por Estados Unidos a través de figuras como Donald Trump y Marco Rubio.

​Uno de los puntos más controvertidos gira en torno a la derogación del marco normativo vigente (Ley 26.659), que sanciona a las firmas que explotan hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

​Diputados opositores, entre ellos Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), advirtieron sobre la indefinición respecto a las empresas que ya fueron multadas o inhabilitadas. 

El proyecto oficialista contempla un “régimen de desistimiento y regularización” que, en la práctica, podría transformarse en un esquema de condonación o beneficio para firmas extranjeras que operaron ilegalmente en el archipiélago.

Ferraro se cuestiona, además, que la iniciativa se presente al margen del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, ente plural creado por ley en 2020 y actualmente paralizado por la administración central.

​Reforma de seguridad, espionaje y fin de los pilares de 1983

​El eje central de los cuestionamientos apunta a la disolución de los límites históricos entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, esquema que ha garantizado la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil desde el retorno de la democracia.

La creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que paradójicamente excluye al Ministerio de Seguridad, concentra atribuciones sobre inteligencia, persecución y eventuales medidas de excepción sin la debida fiscalización del Congreso.

El artículo 111 de la norma incorpora penas de hasta 15 años de prisión por coordinar supuestas campañas de desinformación masiva financiadas desde el exterior, lo que fue calificado por diversos sectores como una herramienta peligrosa de persecución penal y censura a la crítica política.

​La norma faculta el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados «amenazas», mientras excancilleres y exministros de Defensa como Santiago Cafiero, Agustín Rossi y Jorge Taiana reclaman que la verdadera soberanía pasa por reactivar la Marina Mercante y la industria naval nacional, y no por sobreactuar urgencias para forzar un trámite legislativo exprés.

​El tablero político en el Congreso

​El oficialismo proyecta girar la iniciativa a las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, con la intención de dictaminar antes del debate del Presupuesto. 

No obstante, la bancada de Unión por la Patria exige abrir la discusión a un mínimo de nueve comisiones dada la dispersión temática del texto.

​A través de un informe de la Fundación Pensar y declaraciones del jefe de bancada Cristian Ritondo, el PRO respaldó la propuesta argumentando la trascendencia histórica de la causa Malvinas.

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Mientras que desde Provincias Unidas, el diputado Esteban Paulón adelantó un rechazo tajante al calificar de “aberrante la doctrina de espiar con cualquier excusa”.

En el Senado, la bancada opositora impulsó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de seguimiento sobre el Atlántico Sur para frenar la delegación de facultades al Ejecutivo.

​Con el tratamiento en comisiones previsto para finales de septiembre, la oposición suma fuerzas para desglosar el proyecto y frenar los artículos que, según afirman, buscan subordinar la política nacional a agendas de seguridad extranjeras bajo el pretexto de la causa insular.

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