La noche en que Estados Unidos le pasó la factura a Trump
Los demócratas tomaron las dos cámaras del Congreso y arrebataron Texas tras tres décadas de dominio republicano. La guerra contra Irán, el costo de vida, la rebelión vecinal contra los centros de datos y un electorado que cambia de rostro explican una derrota que el presidente quiso tapar con Groenlandia.
Para explicar la peor derrota republicana en medio siglo, el presidente prefirió hablar de Groenlandia. Foto: EFE
4 de noviembre de 2026 Hora: 15:48
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«Nos quedamos con Groenlandia», respondió Donald Trump el miércoles 4 de noviembre cuando le pidieron explicar la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato. Añadió que la isla es tres veces más grande que Texas y que su adquisición se celebró con muy poca fanfarria.
Ese Texas que usó como regla para medir el Ártico acababa de elegir, por primera vez en más de tres décadas, a un senador y a una gobernadora demócratas. La comparación se le volvió en contra en pocas horas.
Tampoco la isla le pertenece a Washington en los términos que sugirió el presidente. El acuerdo firmado el 22 de septiembre entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia amplió la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, y los gobiernos de Copenhague y Nuuk sostienen que no cedieron soberanía. Trump eligió exhibir un trofeo en disputa.
Lo ocurrido dejó de ser proyección en la madrugada del miércoles, cuando la agencia AP declaró ganadores a los demócratas en la pelea por el Senado y, horas después, por la mayoría de la Cámara de Representantes. La certificación oficial llegará en las próximas semanas.
Con las contiendas de Alaska y Misisipi todavía en conteo, el Partido Demócrata sumaba 54 senadores frente a 44 republicanos y había arrebatado siete escaños en Iowa, Kansas, Maine, Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas. En la Cámara aseguraba al menos 231 bancas, con decenas de distritos aún por definir.
Ningún partido de oposición conquistaba las dos cámaras en una misma noche desde 2006, cuando George W. Bush pagó en las urnas la guerra de Irak. Esta vez los republicanos sufrieron sus peores pérdidas en medio siglo, un golpe sin comparación desde la era de Watergate.
Trump había pedido a sus seguidores que votaran como si su nombre figurara en la boleta, y los votantes tomaron la consigna al pie de la letra para darle la espalda. Esa noche escribió en su red social que, de haber sido candidato, habría ganado de forma aplastante.
Después publicó la imagen de su gorra roja con la palabra «VETO» y aseguró ante la prensa que aceptaría los resultados y que probablemente llegaría a algún arreglo con los demócratas. La amenaza y la mano tendida convivieron en pocas horas.
Dentro de su propio partido, el diagnóstico llegó desde Tallahassee, donde el gobernador saliente de Florida, Ron DeSantis, describió el resultado como «lo más cercano a un evento de extinción para los republicanos» en muchas partes del país «probablemente en los últimos 100 años». DeSantis recordó que, desde enero, solo uno de los diez estados más poblados tendrá un gobernador republicano, el suyo.
El precio del galón
La derrota empezó a fraguarse el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán en una guerra que ya cumple ocho meses y que encareció la energía en medio mundo. Medio año después del primer bombardeo, el galón de gasolina costaba en Estados Unidos más de un dólar por encima del precio previo al conflicto.
En septiembre, la aprobación de Trump cayó al 32 %, la más baja de su carrera política. Apenas el 17 % de los consultados respaldaba entonces su manejo del costo de vida, el asunto que los votantes señalaban como decisivo para noviembre.
Con esas cifras a cuestas, el propio presidente admitió que la guerra pesó en el resultado. Desde Teherán, el negociador jefe iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, leyó el voto estadounidense como un «no a la guerra».
El rechazo a la política hacia Medio Oriente encontró además un cauce local en Providence, capital de Rhode Island, donde el 75 % de los votantes aprobó una ordenanza que obliga a la ciudad a retirar sus inversiones de países que practiquen limpieza étnica, apartheid, ocupación militar ilegal o genocidio. El texto no nombra a Israel, aunque la campaña que lo impulsó apuntaba a ese país, y Providence pasó a ser la ciudad más grande del país en aprobar una medida así.
Sus promotores sostienen que la ordenanza es vinculante, aunque todo indica que terminará en los tribunales. Organizaciones judías locales la calificaron de antisemita en su efecto y estudian impugnarla, mientras el alcalde electo, el socialista David Morales, la respaldó durante la campaña.
Cuatro de cada diez votantes dijeron en los sondeos a pie de urna que querían enviarle un mensaje al presidente. En la cabeza del electorado, la economía y la figura de Trump acabaron por fundirse.
En esa fusión se disolvieron los temas con los que el Partido Republicano llevaba años ganando elecciones, la inmigración y las llamadas guerras culturales, sepultados esta vez bajo las facturas. Los votantes confiaron más en los demócratas para manejar la economía, la política exterior, la salud y la corrupción, y solo en inmigración conservaron ventaja los republicanos. Ningún estado mostró ese desplazamiento con tanta crudeza como el que Trump había escogido para medir Groenlandia.
Texas, el estado del gran giro
James Talarico derrotó en Texas a Ken Paxton, el fiscal general que ganó la primaria republicana con el respaldo de Trump, y se convirtió en el primer senador demócrata electo por los texanos desde 1988. Los demócratas no ganaban un cargo estatal en Texas desde 1994.
Gina Hinojosa desplazó al gobernador Greg Abbott, figura de la política estatal desde los años noventa. Es la primera demócrata que conquista la gobernación desde 1990, cuando Ann Richards ganó el cargo que cuatro años más tarde perdería ante George W. Bush.
Para el Partido Demócrata, ese triunfo cerró una década de frustraciones en un estado donde Beto O’Rourke quedó en 2018 a tres puntos de Ted Cruz y donde Cruz ganó en 2024 por más de ocho. El partido repetía una tesis que pocos tomaban en serio, la de que Texas era un estado de abstencionistas antes que de republicanos. El martes esa tesis encontró sus votos.
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Ni siquiera resistieron la marea los distritos que la legislatura republicana redibujó a última hora para asegurar escaños en la Cámara. Tampoco alcanzaron los 224 millones de dólares que Elon Musk gastó en las contiendas texanas.
Los sondeos de salida en el estado encontraron que el 77 % de los votantes no se identifica con el movimiento MAGA y que el 54 % considera que Trump carece de capacidad mental para el cargo. En el sur de Texas, el cantante tejano Bobby Pulido arrebató a los republicanos un distrito con más del 81 % de población latina.
La ola alcanzó también las gobernaciones de Nevada y Georgia, ambas en manos republicanas hasta el martes. Texas aporta 40 votos al Colegio Electoral, cerca del 15 % de los 270 necesarios para llegar a la Casa Blanca, y su giro obliga a los dos partidos a redibujar el mapa de 2028.
Un electorado que cambia de rostro
Detrás del vuelco texano asoma una curva que el Pew Research Center lleva dos décadas midiendo en todo el país. De los cerca de 250 millones de ciudadanos habilitados para votar en 2026, el 61 % es blanco no hispano, cuando en 2006 esa proporción llegaba al 74 %.
Los latinos pasaron del 9 % al 16 % y los asiáticos, del 3 % al 5 %, mientras los afroamericanos se mantuvieron en torno al 12 %. Solo entre 2022 y 2026, el electorado latino sumó 5,2 millones de personas hasta llegar a 39 millones, y más de cuatro millones de ellas cumplieron 18 años en ese lapso.
A ese cambio de rostro se suma una diferencia de edad que acelera la curva, porque la mediana de los votantes blancos es de 52 años y la de los latinos, de 39. Las proyecciones de la Oficina del Censo indican que la población blanca no hispana dejará de ser mayoría antes de 2050.
Las cifras de Pew describen hacia dónde se mueve Estados Unidos, aunque la demografía por sí sola no decide una elección. En 2024, Trump obtuvo el 46 % del voto latino y buena parte de los analistas dio por rota la alianza entre ese electorado y el Partido Demócrata.
Dos años después, el 62 % de los latinos votó por candidatos demócratas a la Cámara. Una encuesta de octubre entre votantes latinos ayuda a explicar el giro, pues casi dos tercios sentían que sus ingresos se quedaban atrás frente al costo de vida, la misma proporción de 2024. Lo que cambió fue a quién culpaban.
El mismo desplazamiento atravesó las líneas de raza e identidad, porque entre los menores de 30 años, según datos todavía preliminares, el 63 % de los hombres votó por los demócratas, cuando en 2024 el 56 % había respaldado a Trump. Los hombres blancos jóvenes se inclinaron hacia los demócratas por 17 puntos. Hasta el voto rural joven se fue al azul.
Estos datos complican la lectura que reduce el resultado a un choque entre minorías y mayoría blanca, porque retratan un voto contra la carestía que alcanzó a sectores que el trumpismo daba por propios.
Del otro lado, los demócratas tampoco recibieron un cheque en blanco, porque la opinión sobre el partido sigue en terreno negativo, con un saldo de seis puntos en contra. Su victoria juntó perfiles que en otro momento se habrían estorbado.
En Michigan ganó Abdul El-Sayed, médico musulmán que se define socialista, y en Kansas el pastor metodista Adam Hamilton se convirtió en el primer senador demócrata del estado desde 1932, con la promesa de no apoyar a Chuck Schumer como líder de la mayoría. El malestar que unió a candidatos tan distintos se votó también lejos de las boletas partidistas, en consultas locales que casi nadie miraba desde Washington.
La revuelta contra los centros de datos
El martes, en la misma jornada en que se renovaba el Congreso, los vecinos de decenas de pueblos y ciudades decidieron qué hacer con los centros de datos, esas naves industriales repletas de servidores que alimentan la carrera por la inteligencia artificial.
Ohio, un estado que Trump ganó en 2020 y en 2024, concentró 21 de las cerca de 45 consultas del país. Al mediodía del miércoles, 33 medidas de restricción habían sido aprobadas y otras seis iban adelante; solo una, en Harwood, Dakota del Norte, terminó a favor de la industria.
En las 19 localidades de Ohio con resultado publicado ganó la opción que frena a los centros de datos. En Wilmington, ocho de cada diez votantes rechazaron recalificar terrenos rurales para un proyecto; en Perry, más del 87 % exigió garantías financieras a las empresas; en Defiance, casi el 65 % prohibió las instalaciones que demanden más de 25 megavatios.
Lo que empujó esos porcentajes llega cada mes a los hogares del Medio Oeste en forma de factura de la luz. El vigilante independiente de PJM, la red que abastece de electricidad a trece estados y a la capital federal, señaló a los centros de datos como la causa principal de la escalada de sus precios de capacidad.
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En Columbus, la capital de Ohio y uno de los grandes nodos de esta industria, la factura residencial promedio iba a subir 27 dólares al mes. Antes de la votación, el estado ya acumulaba 125 moratorias locales contra nuevos proyectos, según el recuento de la prensa económica.
Mientras esa factura subía, la Casa Blanca empujaba en sentido contrario con el argumento de que la carrera de la inteligencia artificial contra China no admite pausas. Trump declaró una emergencia energética nacional el primer día de su segundo mandato y en julio de 2025 firmó una orden ejecutiva para acelerar los permisos federales de los centros que consuman más de 100 megavatios.
Ese mismo mes, el Senado de mayoría republicana eliminó por 99 votos contra 1 una moratoria de diez años que habría impedido a los estados legislar sobre inteligencia artificial. En diciembre, el presidente intentó por decreto lo que el Congreso le había negado, con una orden que busca anular las leyes estatales en la materia, y hasta DeSantis le recordó que solo el Congreso tiene esa facultad.
Cuando la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, impuso en julio de 2026 la primera moratoria estatal sobre grandes centros de datos, Trump la calificó de «decisión terrible». En agosto le tocó a su propio partido. Abbott había frenado en Texas la conexión de nuevos centros a la red eléctrica, y el presidente respondió que el estado cometía un error porque esa industria «podría ser más grande que el petróleo».
En Ohio, donde el senador republicano Jon Husted había defendido las exenciones fiscales para los centros de datos, Sherrod Brown le arrebató el escaño. Tres de cada cuatro votantes del estado se declararon en contra de que se construyera un centro de datos en su comunidad, y entre ellos Brown sacó 60 % frente a 35 % de Husted, según datos preliminares de la encuesta a pie de urna.
En Texas, Abbott pasó de promotor de la inteligencia artificial a prometer reglas más duras, para perder de todos modos. Los demócratas emitieron anuncios contra las grandes tecnológicas o los centros de datos en más de 130 contiendas, y en todo el país el 56 % de los votantes dijo que la inteligencia artificial y los centros de datos pesaron en su voto para el Congreso.
El rechazo vecinal, con todo, cruza las fronteras partidarias y ningún partido puede reclamarlo como propio. La moratoria de Nueva York salió de una gobernadora demócrata, pero en Maine fue otra demócrata, Janet Mills, quien vetó la que habría sido la primera prohibición estatal. Apenas el 11 % de los estadounidenses aceptaría un centro de datos de inteligencia artificial en su comunidad, según una encuesta citada en las coberturas de la jornada.
La distancia entre Trump y esos votantes se midió en otra cosa, la decisión de gobernar desde Washington un asunto que los vecinos querían resolver en su propia cuadra. Ese modo de ejercer el poder, que buscó una y otra vez saltarse al Congreso, desborda el tema de los servidores.
Gobernar sin el Congreso
La lista de decisiones que la Casa Blanca tomó sin pasar por el Capitolio empieza en el mar Caribe. Desde septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses atacaron lanchas que el Comando Sur acusó de transportar drogas, casi siempre sin presentar pruebas ni intentar detener a los tripulantes.
Para junio de 2026 se contaban 66 ataques y 221 muertos en el Caribe y el Pacífico oriental, sin que el Congreso autorizara el uso de la fuerza. Los intentos demócratas por frenar esa campaña fracasaron en ambas cámaras.
Esa misma lógica llegó a tierra firme el 3 de enero, cuando Estados Unidos bombardeó Caracas y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en la intervención más directa en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989. La Casa Blanca la presentó como una operación policial, lo que le permitió esquivar al Congreso.
Ya en el tribunal de Nueva York, la fiscalía redujo de 32 a 2 las menciones al llamado Cartel de los Soles, que el gobierno había descrito como una organización terrorista supuestamente encabezada por el presidente Maduro. Varios juristas dudan de que existan pruebas directas suficientes para sostener los cargos de narcoterrorismo, y el juicio quedó fijado para junio de 2027.
Ocho semanas más tarde comenzó, también sin autorización del Capitolio, la guerra contra Irán que terminaría pesando sobre cada surtidor de gasolina del país. En marzo, la Cámara de Representantes rechazó por 219 votos contra 212 una resolución que obligaba al presidente a pedir permiso para continuar las hostilidades, y el Senado hizo lo mismo.
Trump sorteó el plazo de 60 días que fija la Ley de Poderes de Guerra al declarar el 1 de mayo que una tregua había «terminado» las hostilidades, aunque las operaciones siguieron. En julio la Cámara aprobó por segunda vez, con cuatro republicanos a favor, una resolución sin fuerza de ley que le exigía terminar la guerra o pedir autorización.
Con los aranceles ocurrió algo parecido, solo que esta vez fue la Corte Suprema la que puso el freno que el Congreso no puso. Trump impuso sus tarifas globales al amparo de una ley de emergencia económica de 1977 que nunca se había usado para eso, hasta que el 20 de febrero el tribunal resolvió por seis votos contra tres que esa norma no lo autorizaba. El mismo día anunció un nuevo arancel global del 10 % bajo otra disposición legal.
A partir de enero, cuando se instale el nuevo Congreso, ese modo de gobernar tendrá enfrente unas mayorías que ya no le responden. Los demócratas controlarán las comisiones y, con ellas, el poder de citar testigos, exigir documentos y decidir el presupuesto.
Una resolución de poderes de guerra podría pasar ahora por ambas cámaras, aunque necesitaría dos tercios para vencer el veto que Trump anunció con su gorra roja. Robert Garcia, el congresista nacido en Perú que presidiría la Comisión de Supervisión, tuvo para el entorno presidencial un mensaje de tres palabras, «Busquen un abogado».
El presidente conserva, sin embargo, las órdenes ejecutivas y buena parte de las herramientas de política exterior, como advierte un análisis académico del resultado. Su segundo mandato ya mostró cuánto puede hacer con ellas.
Groenlandia tiene unos 57.000 habitantes y cerca del 80 % de su territorio bajo el hielo; Texas, más de 31 millones de personas y 40 votos electorales. Trump comparó ambos territorios por su tamaño en el mapa el mismo día en que el segundo, el que daba por seguro, le respondió en las urnas.
Le quedan dos años de mandato frente a un Congreso que ya no controla y una isla que, para Copenhague y Nuuk, sigue bajo soberanía danesa.
Autor: teleSUR: Daniel Ruiz Bracamonte
