La política cultural de Trump eliminó las normas de diversidad en museos, amenazó con demoler el Centro Kennedy y empleó música de artistas en propaganda oficial, lo que desató condenas de la sociedad civil.

Una reconfiguración sin precedentes sacude el panorama cultural de Estados Unidos. El sector artístico y académico la describe como una agresión directa a la libertad de expresión. Durante toda su gestión, la administración de Donald Trump recurrió a decretos ejecutivos para desmantelar las políticas de diversidad dentro de los principales recintos del país y para someter el relato histórico que se ofrece a la ciudadanía.

La política cultural de Trump llegó al extremo de retirar de las salas piezas vinculadas a minorías. La ira del público fue inmediata.

«Mi opinión es que la esclavitud es real. Si ocurrió, eliminarla y decir que es divisiva… Lamentamos que sea divisiva, pero esa no fue nuestra causa. Así que cambiar las cosas para que haya una narrativa positiva para ti es una locura. Di la verdad, afróntala. Abordemos la verdad», declaró un visitante al Instituto Smithsonian.

Los círculos intelectuales insisten en que el recuerdo compartido de un pueblo no se borra con una orden ejecutiva redactada en un despacho. La memoria no se firma. Contar la historia verdadera pasa a ser tarea de la sociedad civil, por fuera de los edificios del Estado.

«Esa conciencia no se puede borrar aunque se elimine de las paredes de los museos o de las vitrinas de las galerías», recordó la historiadora Martha Jones. «Por lo tanto, nos corresponderá a nosotros individual y colectivamente honrar esa historia, preservar esa historia, contarla y encontrar nuevas formas de hacerla visible para los visitantes, pero también para las próximas generaciones.»

El conflicto ideológico que se despliega en noviembre arrastra antecedentes directos desde mediados de septiembre, cuando la relación entre la Casa Blanca y los recintos culturales de Washington se tensó al punto de amenazar edificios. Luego del rechazo judicial a rebautizar el Centro Kennedy con el nombre del presidente, el Ejecutivo insinuó una probable demolición del inmueble. La advertencia provocó duras condenas de agrupaciones civiles y de quienes se dedican a las artes escénicas. «Es realmente decepcionante para todos los que creen en la paz y las artes. Llevo viniendo aquí unos 50 años, y estaba en muy buen estado, y mucha gente lo apoyaba», expresó Lela Agnew, trabajadora de una organización no gubernamental.

Agnew insistió en que el edificio carece de carácter político. Recordó que las normas nacionales protegen los monumentos conmemorativos y que el complejo pertenece al pueblo, bajo la autoridad del Congreso.

El rechazo alcanzó también a los trabajadores de los teatros de Washington. «Ha sido un hogar importante para el arte para esta ciudad y este país, para el mundo», señaló Neal Racioppo, empleado de uno de esos espacios. «Lo que está haciendo el presidente Trump es despreciable y repugnante.»

La alerta por la intervención estatal con fondos públicos se extendió más allá de los museos a fines de septiembre y sacudió al sector musical. JMSN, intérprete de R&B, pidió que su obra se retire de inmediato.

El detonante fue un anuncio televisivo financiado con dinero de los contribuyentes en el que el Ejecutivo incluyó su tema Love Me. El cantante reaccionó con furia al comprobar que su nombre quedaba asociado a un mensaje de propaganda. La exigencia se inscribe en un alejamiento más amplio de creadores e instituciones frente a la política cultural de Trump, que en el marco de las elecciones de medio término se convirtió en eje de la disputa pública.

Posteriormente, el músico Neil Young demandó por 10 millones de dólares al comité político Trump 47 por reproducir sin autorización su canción «Rockin’ in the Free World» en un mitin celebrado el 12 de octubre en Ohio. Esta disputa subió aún más de tono a finales de octubre.

La acción judicial no se limita a una compensación económica. El músico exige también el veto de sus temas para impedir que el comité vuelva a emplear su repertorio en actos futuros.

El reclamo denuncia un incumplimiento. Sostiene que el uso de la pieza vulnera un acuerdo de liquidación alcanzado en 2020.

No es la primera vez que el comité político y el cantautor se enfrentan por esta canción. Con la nueva demanda, la controversia se endurece. Los 10 millones de dólares y la petición de veto convierten el caso en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Young y el comité Trump 47.

Este escenario refleja una brecha cada vez más profunda entre el sector artístico y el Ejecutivo, donde la defensa de la autonomía cultural y la propiedad intelectual se han convertido en banderas de resistencia para la sociedad civil. El desenlace de las batallas legales y las movilizaciones institucionales perfilará el futuro inmediato del relato histórico y la libertad de expresión en el país.

EN ESTA NOTA: