• Telesur Señal en Vivo
  • Telesur Solo Audio
  • facebook
  • twitter
El informe señaló la inactividad del Ministerio Público (MP), a cargo de Luisa Ortega Díaz, durante las acciones violentas.

El informe señaló la inactividad del Ministerio Público (MP), a cargo de Luisa Ortega Díaz, durante las acciones violentas. | Foto: AVN

Publicado 5 febrero 2018



Blogs


Las protestas violentas de la oposición, entre abril y julio del año pasado, ocurrieron en solo 13 del territorio venezolano y en municipios con dirigentes de derecha.

Un informe de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz reveló que cerca del 50 por ciento de las víctimas fatales de la violencia opositora (guarimbas) del año pasado en Venezuela era ajena a las acciones de alteración del orden público.

El informe, referente a las guarimbas entre abril y julio de 2017, fue entregado este lunes a la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

"Casi el 50 por ciento de las víctimas fatales no participaban de este tipo de alteraciones del orden público, donde desgraciadamente se comprometió su vida por el simple hecho de estar pasando en el paso de la guarimba, donde se había impedido la libre circulación", dijo la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, desde la Casa Amarilla, en Caracas.

Rodríguez añadió que las protestas violentas del año pasado ocurrieron en solo 13 del territorio venezolano y en los municipios donde se concentraron las acciones sediciosas "sus mandatarios, eran y son en algunos casos, militantes de partidos de la derecha venezolana".

El informe de la Red de Apoyo también reveló que no hubo investigaciones de los hechos violentos por parte del Ministerio Público (MP), cuando la instancia estaba a cargo de Luisa Ortega Díaz, quien huyó del país tras ser suspendida por faltas graves en su gestión.

La presidenta de la ANC aseveró que la inactividad del Ministerio Público "promovió la impunidad, que se cometieran hechos de esta naturaleza".

Asimismo, el estudio señaló la responsabilidad de agentes del Estado que de "forma aislada y atendiendo motivaciones personales, pudiesen haber incurrido en alguna violación de Derechos Humanos". Los responsables de esos delitos fueron puestos a la orden de la justicia para ser procesados.

La Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz se comprometió con "la reconstrucción de los hechos, para determinar la verdad, el origen y la finalidad de estos hechos violentos".

Entre abril y julio del año pasado se desataron protestas violentas de la oposición venezolana, que dejaron más de 100 muertos, más de mil heridos y millonarios daños en bienes públicos y privados. También ocurrieron crímenes de odio, como la quema de personas por razones ideológicas.


Comentarios
0
Comentarios
Nota sin comentarios.