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La manifestación fue convocada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos y otras agrupaciones.
Miles de uruguayos salieron este jueves a las calles para expresar su rechazo a un proyecto de ley que pretende otorgar prisión domiciliaria a violadores de los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
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Los ciudadanos fueron convocados por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos y por otras agrupaciones, para expresar su repudio a la propuesta del grupo político derechista Cabildo Abierto (CA), que promueve una iniciativa de ley para la concesión de la cárcel domiciliaria a mayores de 65 años de edad.
De llegar a aprobarse ese proyecto, podría favorecer a unos 20 represores que actuaron durante la dictadura, afirman los grupos humanitarios.
Organizaciones sociales y defensoras de DDHH de Uruguay se movilizan en rechazo a un proyecto de ley que busca otorgar prisión domiciliaria a reconocidos violadores de los DDHH durante la última dictadura cívico. @teleSURtv pic.twitter.com/IVoF4hb02F
— Mateo Grille (@mateoteleSUR) December 9, 2021
Los manifestantes se concentraron en la Plaza Libertad y de ahí -con la consigna “Por la verdad, memoria y justicia”- caminaron hacia la Plaza Primero de Mayo, ubicada frente al Palacio Legislativo en Montevideo, la capital del país.
El proyecto de ley, que aún está en estudio en comisiones legislativas, beneficia a los “terroristas de Estado”, aseguró a medios de comunicación Nilo Patiño, vocero de la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos.
“Estas personas cometieron crímenes de lesa humanidad, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y es un mensaje para la sociedad que si se cometen ese tipo de delitos y mañana se excarcelan por distintas razones, entonces, ¿qué queda para el futuro? Es legalizar la impunidad”, sostuvo.
En una proclama leída durante un mitin frente al Palacio Legislativo, fue subrayado que, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, el proyecto de ley que impulsa CA contraviene el marco jurídico y los compromisos a los que libremente adhiere el Estado uruguayo.
La coalición oficialista en el parlamento, a la cual pertenece CA, decidió tratar este tema hasta el periodo legislativo correspondiente al año próximo.
