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El Régimen de Excepción, que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas, se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022.

El Régimen de Excepción, que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas, se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022. | Foto: presidencia.gob.sv

Publicado 7 julio 2023



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El MOVIR ha llamado a una concentración el viernes para exigir un alto a las capturas arbitrarias y las muertes suscitadas en los centros penales durante el Régimen de Excepción.

El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunciaron este jueves la muerte de cinco personas que se encontraban recluidas en dos centros penales de El Salvador.

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Entre los fallecidos se encuentra una bebé de 17 meses. Esta permanecía con su madre detenida hasta su reciente salida de la cárcel, cuando fue entregada a otro familiar para ser cuidada.

Según la información compartida por SJH), la menor perdió la vida debido a las condiciones en las que se hallaba en el centro penitenciario, siendo las causas de muerte insuficiencia renal, insuficiencia hepática y neumonía.

El Movir también informó que, el miércoles 5 de julio, se liberaron 13 mujeres en el penal de Apanteos; sin embargo solo dos familias habían sido notificadas acerca de su puesta en libertad. En tanto, la víspera otras 30 salieron de detrás de la rejas, siendo notificadas nuevamente solo dos familias y 28 más resultando retenidas.

La ONG ha llamado a una concentración el viernes en horas de la mañana para exigir un alto a las capturas arbitrarias y las muertes suscitadas en los centros penales durante el régimen de excepción. Esta tendría lugar en el monumento de El Salvador del Mundo, en la capital del país.

El Régimen de Excepción, que bajo el pretexto de hacer frente al crimen organizado suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas, se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 y ha sido ampliado por la Asamblea Legislativa del país latinoamericano por duodécima ocasión.


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