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La víspera, el abogado Eduardo Barriga, representante legal de la presidenta designada, sostuvo en una audiencia judicial que la Fiscalía ha vulnerado los derechos a la defensa y el debido proceso de la gobernante.
El Gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte, en Perú anunció que presenta una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público en un presunto "menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República".
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La resolución oficial, aunque no da cuenta del motivo exacto de la afectación de las funciones presidenciales, fue publicada en el diario oficial El Peruano por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
De acuerdo a la resolución, tras sesión de consejo de ministros, se acordó que el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, sería el encargado hacer la demanda. En ese sentido, se dispuso que el procurador público especializado en materia constitucional sea quien represente al Ejecutivo ante el TC.
Disponen que procurador ejerza representación del Ejecutivo en proceso contra el Ministerio Público y Poder Judicial https://t.co/P1Jtutkcn0 pic.twitter.com/SMihJAJ9K7
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) May 22, 2024
La decisión del Ejecutivo respondería al allanamiento a la vivienda de la presidenta designada en Surquillo y a Palacio de Gobierno ocurridas el pasado 30 de marzo, en el marco de las investigación que se le sigue por el caso Rolex, bajo el argumento que Boluarte no puede ser allanada sin que se le levante el antejuicio.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, fue quien autorizó el pedido del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena para los allanamientos a la mandataria.
La PCM añadió que el Nuevo Código Procesal Constitucional establece que el conflicto de competencias se produce cuando un poder o entidad estatal "adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro".
La víspera, el abogado Eduardo Barriga, representante legal de la presidenta designada, sostuvo en una audiencia judicial que la Fiscalía ha vulnerado los derechos a la defensa y el debido proceso de la gobernante durante la investigación abierta por el caso 'Rolexgate'.
Esta investigación se abrió después de que reportajes periodísticos mostraran que la gobernante había usado en actividades públicas relojes de esa marca de lujo, así como costosas joyas.
Por ese motivo, la Fiscalía inició pesquisas preliminares por un presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documento en agravio del Estado.
La Fiscalía también citó a declarar al gobernador de la región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien es investigado por un presunto cohecho activo genérico tras haber asegurado que prestó los relojes a la gobernante.
