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A juicio de Tumialán y otros expertos, la investigación sumaria es una represalia contra la JNJ por investigar irregularidades cometidas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con quien se identifican sectores de centro-derecha en el Parlamento.

A juicio de Tumialán y otros expertos, la investigación sumaria es una represalia contra la JNJ por investigar irregularidades cometidas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con quien se identifican sectores de centro-derecha en el Parlamento. | Foto: Agencia Andina

Publicado 10 septiembre 2023



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La presidenta del ente, Imelda Tumialán, denunció que la investigación sumaria aprobada por el Congreso "no tiene ninguna garantía" y que sus imputaciones "carecen de fundamento".

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, afirmó este domingo a medios locales que la investigación aprobada por el Congreso de Perú que busca la destitución de sus integrantes es "un quiebre al orden constitucional".

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En ese sentido, explicó qué el JNJ es “una institución constitucional autónoma, que fue creada después de una reforma constitucional" y con el voto de un significativo porcentaje de la ciudadanía.

Declaró que han dado "muestra suficiente de un trabajo transparente en la selección de jueces y juezas, que es meritocrático, con un reglamento detallado, garantizando totalmente los derechos de los jueces y juezas del país".

Subrayó que la investigación sumaria aprobada por el Parlamento "no tiene ninguna garantía" y que las cinco imputaciones hechas por ese Poder "carecen de fundamento".

La moción aprobada por el Legislativo para echar a andar la investigación establece que los siete miembros de la Junta sean sometidos a proceso sumarísimo para su total remoción, bajo el argumento de que el ente "se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales".

La moción fue aprobada por la amplia mayoría de las bancadas de derecha y centro que controlan el Legislativo, y es considerada una represalia contra la JNJ por investigar irregularidades cometidas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con quien se identifican dichos sectores.


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