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Las denuncias de las organizaciones sobre la violación de los derechos humanos en Colombia fueron sistematizadas para presentarlas en un informe.

Las denuncias de las organizaciones sobre la violación de los derechos humanos en Colombia fueron sistematizadas para presentarlas en un informe. | Foto: @ONIC_Colombia

Publicado 4 abril 2018

La ONIC resaltó que es la primera vez que las organizaciones indígenas construyen un informe que tributa al Examen Periódico Universal de la ONU. 

Unas 500 organizaciones sociales de Colombia presentaron este miércoles un informe que detalla la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas y los desplazamientos masivos en el país que será entregado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El documento fue construido y sistematizado por las organizaciones como insumo para el Examen Periódico Universal (EPU) utilizado por la ONU como mecanismo para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos, que será aplicado en Colombia el próximo 10 de mayo. 

El documento fue entregado a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, donde se expone la crítica situación de los pueblos indígenas, en la que 48 líderes y lideresas han sido asesinados, han ocurrido 4.821 desplazamientos masivos, hechas 133 amenazas contra estos, 2.343 confinamientos y 10 reclutamientos. 

Según el informe, estos eventos pasaron tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la FARC que, según cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), ha significado un alivio humanitario al evitar la muerte de 2.300 personas.

 

Pese al acuerdo suscrito, el conflicto y la violación de los derechos humanos persiste, mayormente en los municipios y departamentos colombianos priorizados por el "posconflicto", entre ellos: Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. 

Asimismo, desde la ONIC denuncian la criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos en Colombia mientras que el Estado colombiano se niega a admitir la persistencia del paramilitarismo tras el acuerdo de paz firmado en 2016. 

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