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Los familiares de los desaparecidos exigen la total apertura de los documentos vinculados a los entes castrenses.

Los familiares de los desaparecidos exigen la total apertura de los documentos vinculados a los entes castrenses. | Foto: La Jornada

Publicado 4 septiembre 2023



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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló que el Ejército ha ocultado varios reportes.

Un tribunal colegiado de México ordenó este lunes al Ejército conservar los documentos vinculados con el caso de los normalistas de Ayotzinapa luego de que el magistrado concediera la suspensión provisional en la demanda de amparo presentada por familiares de los desaparecidos.

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La decisión se produce tras el presunto incumplimiento por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del decreto presidencial del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tras no entregar todos los reportes en poder.

La medida dictada en 2018 por el mandatario mexicano establece que todas las dependencias de la administración pública federal tienen la obligación de colaborar con el esclarecimiento de los acontecimientos de septiembre de 2014.

En este sentido, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló en su último informe que el Ejército “ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia”.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez apuntó que existen indicios de que el contenido de estos documentos resulta “relevante para entender el contexto criminal de Iguala”.

A partir de ello, el tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito prohibió mediante orden a las Fuerzas Armadas “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información” demandada por los padres de los desaparecidos.

“La sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales”, destacó el juzgado.

Además del titular de Sedena, se encuentran entre los acusados por los familiares de los normalistas: el encargado del Estado Mayor, de la Jefatura y Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el director del Centro Militar de Inteligencia.


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