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El eventual pedido de extradición de las autoridades de Suecia, se podría sumar al ya emitido por Estados Unidos a las autoridades británicas.
El próximo lunes un tribunal de Suecia escuchará los alegatos correspondientes para decidir si solicita a la Fiscalía de ese país la emisión de una orden de extradición desde el Reino Unido para Julian Assange, tras la reapertura en el mes de mayo de una investigación por un presunto delito de carácter sexual.
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Según la investigación de la Justicia del país escandinavo, el fundador de WikiLeaks es acusado de haber violado a una mujer que conoció en una conferencia en Estocolmo (capital) en 2010, hecho negado rotundamente en varias ocasiones por el propio Assange.
La directora de la Fiscalía de Estocolmo, Eva-Marie Persson, interpuso el pasado 20 de mayo una demanda solicitando "la detención de Assange en ausencia por sospechas de violación". Aprehender a cualquier persona en ausencia es un método estándar del sistema legal sueco si el sospechoso se encuentra fuera del país o no puede ser localizado.
Ante lo establecido legalmente por el sistema del país europeo, Persson manifestó que acudirá a emitir "una orden de detención europea".
Assange estuvo por siete años asilado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, tras ser perseguido por los Estados Unidos (EE.UU.) por la publicación en el portal WikiLeaks de medio millón de documentos que expusieron actividades criminales del ejército norteamericano.
"Ever since the Pentagon Papers case, an Espionage Act loophole has been waiting for a president thuggish enough to make use of it"
— Defend Assange Campaign (@DefendAssange) 2 de junio de 2019
Trump’s Charges Against Julian Assange Would Effectively Criminalize Investigative Journalism | The Nationhttps://t.co/kJUs0bLJ3k
La documentación clasificada dada a conocer por Assange generó que la Casa Blanca emprendiera una persecución sin límites contra su figura, y los ciberactivistas de WikiLeaks. La justicia norteamericana lo acusa actualmente de 17 delitos que suman una pena de 107 años de prisión, condena que es rechazada por dirigentes y periodistas que abogan por la libertad de expresión en el mundo.
