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El informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata contiene la sugerencia de procesar criminalmente a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y otros funcionarios, como responsables de esos hechos.

El informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata contiene la sugerencia de procesar criminalmente a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y otros funcionarios, como responsables de esos hechos. | Foto: EFE

Publicado 29 octubre 2020


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El Parlamento mantiene agendada la consideración del informe para última hora de este jueves, tras la vista judicial.

Un juzgado de Trinidad, capital del departamento boliviano de Beni, dispuso la “suspensión temporal” de la consideración de los casos de masacre en Sacaba y Senkata por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ANP).

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La jueza Luz Acebey Arispe, del Juzgado de Sentencia en lo Penal 3 de esa ciudad, admitió este miércoles la acción de libertad interpuesta por el representante legal del exministro de Energías del Gobierno de facto, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, en contra de los legisladores Sonia Chini Coronado, Lineth Guzmán, Víctor Borda, Carol Montaño, Juan Cala, Patricia Gutiérrez y Eida Middaagh, miembros de la comisión que redactó el informe sobre las masacres.

La decisión judicial dispone que el Parlamento “suspenda temporalmente la consideración del Informe Final INF. CEMIHON Nro. 001/2019-2020, hasta que se resuelva la presenta acción de defensa constitucional”.

Al respecto, el diputado Víctor Borda, el presidente de la comisión mixta que investigó ambas masacres siguiendo el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que la notificación judicial fue comunicada a las 20.00 del miércoles.

El legislador afirmó que la intención de la medida cautelar es evitar la lectura del informe la tarde de este jueves. Aseguró que mientras dure la audiencia judicial, entre las 12H00 y las 14H00, hora local, la ANP no tratará los casos.

El informe contiene testimonios de víctimas, informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Policía Boliviana, los ministerios de Defensa y de Hidrocarburos, además de una respuesta “general” de la autotitulada presidenta Jeanine Áñez y otros documentos.

Basado en el mismo, la comisión mixta parlamentaria sugiere al Ministerio Público iniciar un juicio de responsabilidades contra la mandataria de facto, además de procesos a los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, y los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

Dicha comisión encontró que las 27 personas que murieron en la crisis tras el golpe de estado contra Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, fueron a causa de impactos de balas de reglamento, a diferencia de las recurrentes declaraciones de Murillo y López, que dijeron que las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo proyectil en las intervenciones conjuntas dispuestas en el abrogado Decreto Supremo 4078.

La lectura del informe está planificada para el final de las sesiones de la ANP este jueves, a reservas de lo que resuelva el poder judicial; y la influencia que ello pueda tener en las decisiones del Parlamento al respecto.


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