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Durante la gestión de Chinchilla, ocurrieron sucesos como el homicidio de la activista Berta Cáceres, que aún permanece impune.

Durante la gestión de Chinchilla, ocurrieron sucesos como el homicidio de la activista Berta Cáceres, que aún permanece impune. | Foto: Criterio

Publicado 5 julio 2018

Diversos sectores rechazaron la reelección de Óscar Chinchilla, al no participar en el concurso público, y ni siquiera aparecer en la nómina presentada por el Congreso.

Un conjunto de sectores sociales de Honduras denunciaron este miércoles una serie de irregularidades en el proceso de selección del fiscal generalÓscar Chinchilla.

En este sentido, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expresó su preocupación ante la "falta de transparencia y legitimidad" en el proceso de elección y nombramiento del fiscal general en Honduras, que terminó con la reelección de Chinchilla.

El ente hizo un llamado de atención sobre el hecho de que se escogiera al fiscal a pesar a que no participó en el concurso público, y ni siquiera figuraba en la nómina presentada por el Congreso.

Por su parte, el líder del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, exigió "justicia para Honduras" e hizo la propuesta de replantear todo el sistema de aplicación de justicia en Honduras.

"Queremos que haya una democracia económica, una democracia social (...) queremos un nuevo sistema para Honduras", denunció el también exmandatario de la nación.

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Desde la oposición hondureña se especula con una posible injerencia en el proceso por parte de EE.UU.

Un largo proceso de evaluación concluyó con una nómina que no recibió la votación mayoritaria en el Congreso Nacional, por lo que se ratificó a Chinchilla en el cargo, lo que tuvo el respaldo de una alianza de partidos afines al Gobierno.

Es por esto que el organismo coincide con lo que sostiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), al señalar que “la falta de observancia de la normativa constitucional y del principio de legalidad durante esta elección podría debilitar al Ministerio Público y a la institucionalidad nacional”, a lo que se suma la falta de participación de sociedad civil en el proceso.

Durante la gestión de Chinchilla, ocurrieron diversos asesinatos como el de la activista social, Berta Cáceres, que aún permanece impune.


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