Fuerzas de seguridad de Argentina han ajusticiado a 32 personas

Las fuerzas de seguridad de Argentina, bajo el mando del presidente Javier Milei, han acabado con la vida de 32 personas, según datos suministrados por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

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De acuerdo a esta organización social, 12 de las víctimas murieron en modalidad de “gatillo fácil”, es decir por violencia policial, 16 muertes se registraron en cárceles , un “femicidio de uniforme” y tres asesinatos intrafamiliares. 

“Estás 32 muertes a manos del aparato estatal son apenas los casos de los que nos enteramos por los medios o por consulta directa, lo que indica que cuando hagamos la búsqueda sistemática del año, resultarán muchos más”, indicó la abogada María del Carmen Verdú , representante de CORREPI, en una entrevista para un medio local de Argentina. 

Aseguró que “estos números impactantes ya indican una tendencia que sólo se explica a partir de las decisiones e iniciativas ya encaradas por el gobierno desde el 10 de diciembre pasado”

Dijo que legitimar el gatillo fácil como política natural de intervención de las Fuerzas de Seguridad contenida en la Ley Ómnibus garantizando su total impunidad, al punto que las familias de personas fusiladas desarmadas o por la espalda no tendrán derecho a reclamar judicialmente juicio y castigo”.

“No podemos permitir que esta política represiva avance más todavía. Debemos enfrentar este intento de imponer un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías con unidad, organización y lucha”, concluyó Verdú.

Esta ola de violencia auspiciada por los organismos de seguridad suscita en el marco del descontento social que se vive en Argentina, donde si se aprueba la ley Ómnibus, se le dará más libertad a los uniformados para ajusticiar a un sospechoso sin importar si está armado o no. 

Esto sucede porque el proyecto de la mega norma propone algunos cambios en el Artículo 34 del Código Penal que estipula que no será punible “el que obrare en cumplimiento del deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.