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Fuero privilegiado en Brasil: ¿Protección a corruptos?
Publicado 2 mayo 2018

El fuero privilegiado es un prerrogativa que permite a más de 50 mil políticos brasileños ser juzgados en instancias superiores.

El Supremo Tribunal Federal (STF) retomó este miércoles el juicio para restringir el llamada fuero privilegiado, una prerrogativa que permite a las autoridades brasileñas ser juzgadas por instancias superiores. Es decir, que en caso de presentarse una denuncia, es el Supremo Tribunal Federal el que debe procesarla.

El presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernadores, ministros, entre otras autoridades, gozan actualmente de este beneficio. El TSF discute este miércoles limitar la prerrogativa particularmente de los diputados federales y senadores.

El juicio comenzó en mayo con el voto del magistrado Luís Roberto Barroso, a favor de mantener el fuero solo por crímenes ocurridos durante el mandato y en razón de funciones relacionadas al cargo que el acusado ocupa. 

Hasta el momento ocho ministros de once pronunciaron su voto, seis de ellos a favor de la postura de Barroso. Por su parte, el juez Alexandre de Moraes consideró que el fuero debe valer para los crímenes cometidos en el ejercicio del cargo pero independientemente de que se relacionen o no con sus funciones.

Por otro lado, la Cámara del Senado aprobó en mayo de 2017 un proyecto para restringir este fuero al presidente de la República, de la Cámara de Diputados, Senadores y el STF; y dejar sin este derecho a senadores y ministros, entre otros. El proyecto aún debe ser discutido en la Cámara de Diputados.

¿A quién beneficia el fuero privilegiado?

El hecho de que las denuncias de crímenes deban ser tratados en una instancia superior presenta ciertos beneficios para los investigados, ya que vuelve más lento el proceso de justicia. Debido a que la aplicación depende del cargo que el acusado ocupa, y no el que tenía cuando cometió el delito, si la persona cambia de puesto, el caso debe ser trasladado a otra corte.

Tal es el ejemplo del caso que motivó la acción penal que discute el STF este miércoles. Se trata de Alexandre de Moraes, acusado de ofrecer comida y dinero a los votantes para ser electo alcalde de Cabo Frío en 2012. Moraes cambió más de una vez su cargo y es así como su proceso legal se extendió durante seis años.

Actualmente varios políticos involucrados en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato gozan dicha prerrogativa. El año pasado, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, indicó que 101 personas amparadas por el fuero responden a acciones penales por dicha causa ante el STF.

Según un listado difundido por medios locales al menos unos 53 políticos investigados por el caso Lava Jato podrían perder el fuero si no son reelectos en 2018, incluyendo al presidente no electo Michel Temer, tres gobernadores, 12 senadores y 37 diputados federales.

>> TSF ratifica incompetencia de juez Moro para juzgar a Lula

A su vez, la Corte Suprema abrió el año pasado investigaciones contra 8 ministros del gabinete de Temer, 29 senadores y 42 diputados federales por el caso Odebrecht, todos ellos amparados por el fuero.

Entre ellos se encontraban: el ministro jefe de Gabinete, Eliseu Padilha; el por entonces secretario de Presidencia, Wellington Moreira; la ministra de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab; el ministro de Integración Nacional Helder Barbalho; el ministro de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes;  el ministro de agricultura Blairo Magg; el ministro de ciudades Bruno Araú y Marcos Pereira, ministro de Industria.

Este último presentó una renuncia su cargo en enero de 2018.

Uno de los ministros acusados fue Wellington Moreira Franco, quien por entonces se encontraba al frente de la Secretaría de la Presidencia. Franco, un hombre a favor de la privatización de Electrobras,  fue designado el pasado abril como ministro de Minas y Energía.

Los medios locales denunciaron entonces que la designación estuvo relacionada para mantener el fuero privilegiado del ministro involucrado en casos de corrupción.

¿Qué ocurre si se aprueba la restricción?

Según las estimaciones de la Consultoría Legislativa del Senado, 54.990 autoridades gozan actualmente del fuero privilegiado.

El juez Barroso, por su parte, estima que de aprobarse la limitación cerca del 90 por ciento de los casos que involucran a políticos amparados bajo la prerrogativa irían a instancias inferiores, la igual que el resto de los ciudadanos.

Cabe aclarar que de aprobarse la restricción, el actual presidente continuaría protegido bajo la prerrogativa, por lo tanto solo lo perdería si no es reelecto ni designado para algún cargo amparado por el fuero.

A su vez, es posible que la restricción que intenta aprobar este miércoles el STF solo aplique a nuevos casos y no a los que están actualmente en marcha.

Una encuesta presentada este miércoles por el Instituto brasileño de Opinión Publica reveló que el 78 por ciento de los brasileños están a favor de eliminar el fuero privilegiado.

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