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El diputado Daniel Mendoza (al centro, con mascarilla blanca) es acusado de delincuencia organizada y aparece vinculado al desvío de fondos públicos.

El diputado Daniel Mendoza (al centro, con mascarilla blanca) es acusado de delincuencia organizada y aparece vinculado al desvío de fondos públicos. | Foto: Voces de Ecuador

Publicado 6 junio 2020



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El asambleísta Daniel Mendoza, del gobernante Alianza País, tendrá que declarar por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de un hospital. 

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó orden de prisión contra el asambleísta Daniel Mendoza, elegido por el gobernante Alianza País, por un delito de delincuencia organizada.

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó la medida de privación de libertad, que fue aceptada poco antes de la medianoche del viernes por el juez Marco Rodríguez.

La Policía ecuatoriana detuvo el viernes al asambleísta Daniel Mendoza, del gobernante Alianza País, y dispuso su traslado a la ciudad de Quito (capital) para rendir declaraciones en el marco de una investigación por el delito de delincuencia organizada.

Mendoza fue detenido en Portoviejo, provincia de Manabí (oeste), tras allanamientos realizados por la fuerza policial y fiscales para detener a implicados en una operación de desvío de fondos públicos.

Horas antes la Corte Nacional de Justicia había dictado orden de prisión contra el diputado, luego de acoger una petición en tal sentido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

De acuerdo con el documento presentado por la Fiscalía, “Mendoza se habría beneficiado ilícitamente de los fondos asignados al Consorcio Pedernales-Manabí para el cumplimiento del contrato de construcción del Hospital de Pedernales conjuntamente con su círculo laboral y otros”.

La investigación involucra a varias personas más, entre ellas el director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo Silva, contra quien también se dictó prisión preventiva.

 

Se estima que se habrían desviado 7.3 millones de dólares, parte del anticipo de 8.2 millones de dólares que en marzo pasado el Secob entregó al Consorcio para que el constructor comenzara la edificación.

Cerca de 1.6 millones de dólares de este dinero público fueron encontrados en poder del asesor de Mendoza y de otras personas que fueron detenidas en mayo y acusadas de lavado.

La figura penal de delincuencia organizada es sancionada con cárcel entre siete y diez años, según el Código Orgánico Integral Penal vigente en esa nación suramericana.


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