Según reportes, en determinadas regiones se han producido enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotín.
Diversas regiones de Panamá continúan este martes por segundo día consecutivo las protestas en demanda a la derogación de un contrato minero con la empresa canadiense First Quantum, que pretende explotar cobre en una zona boscosa y rica en biodiversidad, al norte del país centroamericano.
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Los manifestantes consideran que el contrato es perjudicial para los intereses del país, y declaran que conserva los vicios que condujeron a que el previo acuerdo fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017, por lo que solicitan su derogación.
Entre las agrupaciones de la sociedad civil que son parte de las manifestaciones están la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), que han cerrado calles en diferentes localidades, y han cortado la carretera Interamericana que traspasa el país en al menos tres puntos.
#ENVIDEO ��| #Panamá ���� registra protestas por la firma del acuerdo minero entre el Gobierno y una empresa canadiense ����. Sindicalistas, ambientalistas y sociedad civil denuncian el impacto que traerá al #MedioAmbiente y exigen la realización de un referéndum pic.twitter.com/eEWo21cM5w
— teleSUR TV (@teleSURtv) October 24, 2023
De igual forma, hay reportes en la capital panameña de cierres en el corregimiento de la 24 de Diciembre, en las vías España, Transistmica y Domingo Díaz, el cruce de Pedregal, el puente Centenario, Villa Lucre, los corredores Sur y Norte, entre otras localidades.
Según medios locales, en determinadas regiones se han producido enfrentamientos entre los manifestantes y los representantes de la policía antimotín que han usado gases lacrimógenos y lanzado piedras, lo que han provocado saños a la infraestructura de bienes.
En consecuencia, se han reportado al menos unos 40 detenidos y se registran lesionados, presuntamente por balines.
A pesar del descontento popular, el Gobierno panameño alega que el nuevo contrato ley, establece una concesión de 20 años prorrogables, ofrece al fisco un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares y posibilita al Estado supervisar la operación de la entidad minera.