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El partido político denunció que, en la mayoría de los espacios, no hay condiciones dignas de salud, vivienda y servicios públicos.

El partido político denunció que, en la mayoría de los espacios, no hay condiciones dignas de salud, vivienda y servicios públicos. | Foto: Prensa Latina

Publicado 9 abril 2018

A través de un comunicado, el partido político destacó que la reincorporación de los exinsurgentes a la vida civil está en una situación precaria.

El partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) alertó este domingo que el proceso de reincorporación a la vida civil de los exinsurgentes está en una situación de precariedad y amenaza con fracasar si no se toman medidas urgentes.

Así lo aseguró el organismo mediante un comunicado de siete puntos, tras hacer un balance en Bogotá con 140 delegados de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y de Nuevos Puntos de Reagrupamiento.

"El proceso de reincorporación, visto de conjunto, se encuentra en una manifiesta situación de precariedad y amenaza con fracasar si no se toman medidas urgentes que permitan su reorientación a fin de generar las condiciones para una reincorporación colectiva e individual exitosa", señaló la FARC en el documento.

Después de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, los exinsurgentes se agruparon en 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) que luego se transformaron en "Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación", lugares que usan los excombatientes para su tránsito a la sociedad.

Sin embargo, la agrupación denunció que, en la mayoría de esos espacios, no hay condiciones dignas de salud, vivienda y servicios públicos, así como también inseguridad alimentaria y ausencia de economía propia.

En ese sentido, la FARC planteó un plan de emergencia que tenga como eje el "acceso a la tierra", como fue especificado en el pacto de paz negociado durante cuatro años en La Habana, con el apoyo de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, Noruega, Venezuela, Chile y Cuba.

El grupo señaló la necesidad de "la urgente adjudicación de tierras para los y las excombatientes, hoy campesinos y campesinas sin tierra". 

Asimismo, unos 623 militantes permanecen en prisión casi un año y medio después de haber firmado el histórico pacto, que garantizaba amnistía para los detenidos que no estuvieran implicados en delitos graves.

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