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Datos de la Defensoría del Pueblo aseguran que el 36 por ciento de los municipios corre riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales.

Datos de la Defensoría del Pueblo aseguran que el 36 por ciento de los municipios corre riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales. | Foto: Reuters

Publicado 15 octubre 2019





La Misión de Observación Electoral habilitó una plataforma web -Pilas con el voto- en la que los ciudadanos podrán reportar las irregularidades percibidas.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reiteró este martes la alerta presentada días atrás sobre riesgos de fraude electoral y hechos de violencia en más de 150 municipios de Colombia, de cara a los comicios del próximo 27 de octubre.

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Un informe publicado por la misión revela que existen 152 municipios donde confluyen peligros por violencia y fraude electoral. Además, a 12 días de los comicios locales y regionales, los actos de violencia no se han detenido y, desde el comienzo de la campaña en julio pasado, fueron asesinados siete candidatos.

Para atender esta situación, la MOE habilitó una plataforma web -Pilas con el voto- en la que los ciudadanos podrán reportar las irregularidades percibidas.

Una vez denuniciadas, las declaraciones, descripciones y datos suministrados por las personas serán clasificados por el equipo jurídico de la Misión, para mantener al electorado informado sobre las incidencias que se presenten en los procesos comiciales de Colombia.

Posteriormente, la información reportada es enviada a las autoridades judiciales, administrativas, de Policía y electorales del país, para que adelanten las verificaciones, validaciones e investigación pertinentes.

Entre los primeros diez territorios expuestos al fraude se encuentra el departamento del Valle del Cauca; de los 42 municipios, 25 están en riesgo de trashumancia, corrupción o constreñimiento, votos nulos y boletas en blanco, suplantación del elector, alteración de resultados electorales, y participación en política de funcionarios públicos.

Barrios se refirió a la necesidad de que varias entidades gubernamentales colaboren en la meta de “proveer a testigos, jurados de votación, campañas y ciudadanía la información suficiente sobre lo que se debe y no se debe hacer en una contienda electoral, ya que solucionar los comportamientos observados en estos municipios van más allá de solo contemplar salidas punitivas”.

En los comicios regionales y locales se elegirá a los gobernadores de los 32 departamentos, así como los diputados de las Asambleas departamentales, alcaldes de 1.099 municipios, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales.

En 2018, la Fiscalía General de Colombia presentó pruebas sobre irregularidades y delitos de corrupción en las elecciones  legislativas realizadas en marzo, en las que estarían implicados varios congresistas.

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El informe demostraba que, durante los comicios para elegir a los integrantes del Congreso colombiano y representantes de la Cámara, un grupo criminal vendió y compró votos.

La red, integrada por más de 2.000 personas, habría operado en varios municipios de Colombia en los comicios regionales del 2015 y las legislativas de 2018, traficando votos y pagando actividades de campaña a diferentes políticos.


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