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El proceso de captura y recaptura se realizó con la intención de que la Fiscalía reclamara de nuevo tener jurisdicción sobre el caso Santrich.

El proceso de captura y recaptura se realizó con la intención de que la Fiscalía reclamara de nuevo tener jurisdicción sobre el caso Santrich. | Foto: EFE

Publicado 18 mayo 2019





El caso Santrich vivió otro episodio polémico cuando el excombatiente fue liberado de la cárcel La Picota y un contingente policial lo recapturó y devolvió al centro de reclusión.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el pasado miércoles la liberación del miembro del partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Cómún (FARC), Jesús Santrich, quien es acusado de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, por lo que había sido solicitado en extradición por EE.UU.

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Sin embargo, este viernes la Fiscalía logró neutralizar la resolución de la justicia especial al emitir una nueva orden de captura sobre el excomandante del antiguo grupo insurgente FARC-EP, al señalar que tiene evidencias nuevas en su contra.

De esta manera el caso Santrich, que ha generado una gran polarización en Colombia, vivió un nuevo episodio cuando el excombatiente logró avanzar unos metros fuera de la cárcel La Picota y, menos de 20 minutos después, un contingente policial lo recapturó y dirigió de vuelta en el centro de reclusión.

Pormenores del caso Santrich

Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich" es uno de los líderes del antiguo grupo insurgente FARC-EP, que negoció y firmó en 2016 el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

En 2018, Santrich fue capturado por las autoridades por acusaciones en su contra relacionadas con supuesto narcotráfico, gracias a una circular roja de la Interpol que afirmó que entre junio de 2017 y abril de 2018, Santrich “conspiró con otros para producir y distribuir aproximadamente 10.000 kilogramos de cocaína en Colombia para ser importada a EE.UU. y otros lugares”. 

Debido a esto, el país norteamericano lo pedía en extradición, pese a que tanto Santrich como su defensa e incluso el partido FARC denunciaron repetidamente que no hay pruebas serias contra su cliente y que todo se trata de un “montaje judicial”.

La JEP y el Acuerdo de Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz es el tribunal especial creado gracias a la firma del acuerdo de paz de 2016 destinado a juzgar los crímenes cometidos durante los 50 años de conflicto armado.

Es así como los militares, excombatientes o civiles que se han sometido a esta jurisdicción alternativa gozan de penas reducidas y garantía de no extradición por cometer delitos previos al acuerdo de paz (es decir antes del 1 de diciembre de 2016). 

Pero como la acusación decía que había cometido delitos tras de la firma del acuerdo, Santrich debía ser sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos.

Por esta razón, el miembro de FARC estaba privado de su libertad desde el 9 de abril de 2018.

Decisión de la JEP y respuesta de la Fiscalía

Poco más de un año después de la detención de Santrich, la JEP resolvió que no se pudo determinar la fecha del supuesto delito de conspiración para enviar cocaína y por ello frenó el proceso de extradición de Santrich y ordenó su liberación.

Ante esta medida, la Procuraduría de la Nación, una entidad de control diferente a la Fiscalía, anunció de inmediato que apelaba la resolución. Posteriormente, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó su renuncia irrevocable al cargo en desacato a la orden de liberar a Santrich.

Desde el Gobierno que preside Iván Duque, se han solidarizado con Martínez, mientras que la bancada del partido oficialista Centro Democrático, liderada por Álvaro Uribe Vélez, comenzó a pedirle al presidente una Asamblea Constituyente para cambiar las reglas de juego en el proceso de paz.

El proceso de captura y recaptura se realizó con la intención de que la Fiscalía reclamara de nuevo tener jurisdicción sobre el caso Santrich, por lo que quedaría sin efecto el mandato de liberación del excomandante de las FARC emitido por la justicia especial.

Apoyo a la decisión de la JEP

Varios senadores y figuras políticas en Colombia respaldan la decisión del organismo especial.

El exdirigente de FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, sostuvo que la decisión de la JEP demuestra que “los acuerdos están bien hechos”.

“Es una luz de esperanza que se prende en medio de esta oscuridad… Es la ratificación de que los acuerdos están bien hechos, de que los acuerdos nos dan la garantía jurídica y de todas maneras nos demuestran que el camino es hacer la pelea en los marcos institucionales para que se cumpla lo acordado”, indicó el dirigente.

A su vez, el jefe negociador del Gobierno para los diálogos de paz, Humberto de la Calle, defendió la decisión de la JEP y confirmó en un comunicado que en La Habana “no se pactó un cogobierno con el narcotráfico”, y que la providencia de la JEP se basa en la ausencia de pruebas sobre “la fecha de los delitos atribuidos a Santrich”.

De la Calle cuestionó que si el fiscal Martínez tenía en su poder “pruebas contundentes”, “en vez de renunciar” no haya abierto un proceso contra Santrich.


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