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Miles de personas han realizado numerosas protestas tras la liberación de siete militares implicados en los crímenes de la dictadura chilena.

Miles de personas han realizado numerosas protestas tras la liberación de siete militares implicados en los crímenes de la dictadura chilena. | Foto: Archivo

Publicado 22 agosto 2018

La legislatura fue presentada ante el Congreso de Chile y tiene el objetivo de sancionar o destituir a los jueces que liberaron a los condenados chilenos.

Un grupo de diputados opositores chilenos presentaron este miércoles una moción judicial para sancionar a los jueces que autorizaron la liberación de siete exfuncionarios implicados en crímenes y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet

La legislatura fue presentada ante el Congreso Nacional, quien ahora deberá analizar la acusación constitucional para sancionar o destituir a los jueces de la Corte Suprema que liberaron a los militares condenados por delitos de lesa humanidad.

La diputada del Partido Comunista de Chile (Pcch), Carmen Hertz, afirmó que la medida tiene como objetivo responsabilizar de forma legal a los magistrados, quienes "vulneraron el derecho internacional" al otorgar la libertad a quienes atentaron contra la humanidad. 

Miles de personas han protestado frente a Corte Suprema de Chile tras la liberación de los criminales. Foto: ecorepublicano.e

"Se ha vulnerado el derecho internacional (...) No estamos invadiendo ninguna autonomía judicial, no tiene como objetivo revertir el fallo, sino establecer la responsabilidad política de los jueces que han vulnerado el derecho internacional", explicó Hertz

Por su parte, los senadores de bancada conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) han reafirmado en distintas ocasiones su respaldo al dictador Pinochet , colocando como una figura insigne en el Museo de la Democracia.

>> Víctimas de abuso sexual en Chile claman por justicia

En contexto

La liberación de los siete exmilitares chilenos condenados por participar en la desaparición forzada en la dictadura de (1973-1990) en la murieron 3.200 personas y 1.200 desaparecidas.

La decisión ha causado cientos de protestas de los familiares de las víctimas y gran parte de la sociedad de Chile, quienes se oponen al fallo judicial, que de acuerdo al  Estatuto de la Corte Penal Internacional es inamisible.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que en relación con penas impuestas por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia", dijo el organismo con respecto a liberación.  


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