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“Me siento indefensa y humillada, pido un grito de democracia judicial”, expresó este jueves la diputada del Parlasur.

“Me siento indefensa y humillada, pido un grito de democracia judicial”, expresó este jueves la diputada del Parlasur. | Foto: Agencia Paco Urondo

Publicado 25 abril 2019

La dirigente social enfrentará un quinto juicio por una causa que había prescripto hace diez años.

A partir del próximo viernes la dirigente social de Argentina, Milagro Sala, enfrentará un nuevo juicio oral en la provincia de Jujuy (norte), donde la Justicia buscará juzgarla por una causa que había prescripto hace diez años.

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¿Quién es Milagro Sala?

Se trata del expediente conocido como "Luca Arias", que investiga las agresiones sufridas por el militante César “Luca” Arias, golpeado en 2006 en las instalaciones del ministerio de Tierra y Vivienda de la provincia norteña.

La causa había sido declarada prescripta en 2009 y fue reabierta en 2016 luego de que un preso común se presentara a declarar de manera “espontánea”, vinculando a Sala y a otros miembros de la agrupación Tupac Amaru en los hechos.

El magistrado, Pablo Pullén Llermanos, resolvió sin embargo imputar únicamente a la líder del movimiento social en una maniobra que el Comité por la Liberación de Milagro Sala denunció como un reforzamiento de la persecución política y judicial en su contra.

“Me siento indefensa y humillada, pido un grito de democracia judicial por favor”, expresó este jueves la diputada del Parlasur desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria. “Una vez más voy a sufrir la injusticia judicial. Mis abogados presentaron pruebas y testigos (en la causa) que no quisieron recibir”, aseveró.

Desde la asunción del actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, a fines de 2015, la avanzada judicial en contra de Sala suma su quinto juicio. En enero pasado, la líder de la Tupac Amaru fue condenada a 13 años de prisión por supuestos delitos de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado, en un juicio con severas irregularidades donde ni los querellantes ni la fiscalía lograron acreditar pruebas fehacientes.


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