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Las denuncias apuntan a los contratos que fijaron el precio del gas en 2018.

Las denuncias apuntan a los contratos que fijaron el precio del gas en 2018. | Foto: EFE

Publicado 25 junio 2020


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Para el Enargas, el perjuicio económico por esa decisión asciende a 561 millones de dólares.

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente este jueves al exministro de Energía Juan José Aranguren por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles".

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Además de este funcionario, se pidió cargos para el exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos, Marcos Porteau; el expresidente en ejercicio del directorio del Enargas, Mauricio Roitman; y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador.

Al presentar la denuncia Bernal destacó que Aranguren y otros exfuncionarios “habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación 'contractual', con precios en dólares”. Detalló que se trataba de precios en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa.

En un comunicado publicado en el sitio oficial del Ente Regulador, se explica que ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas), y normas reglamentarias y complementarias, "en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras".

En ese contexto, destacó el documento que el Enargas, en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar el acuerdo “lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018".

"Esto derivó en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada", agregó el interventor del ente regulador.


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