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  • El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, estuvo presente en la reunión que congregó a todos los cuerpos diplomáticos acreditados en territorio uruguayo (Foto: Archivo)

    El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, estuvo presente en la reunión que congregó a todos los cuerpos diplomáticos acreditados en territorio uruguayo (Foto: Archivo)

Publicado 25 abril 2014

El gobierno de Uruguay difundió una nota este viernes en donde reitera que el país cumple y respeta todas las disposiciones internacionales en la lucha contra las drogas con la nueva normativa que legaliza la compra, venta y producción regulada de marihuana.

De acuerdo con la información oficial el canciller interino, Luis Porto, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada se reunieron con los cuerpos diplomáticos del país para explicar todo lo relacionado con la nueva ley.

Porto, en su papel de ministro de Relaciones Exteriores, rechazó las acusaciones de que Uruguay no cumple con los convenios internacionales relacionadas a este tipo de sustancias y descartó cualquier otra interpretación distinta a la promovida por fuentes oficiales.

Estas declaraciones gubernamentales surgieron en respuesta a las acusaciones hechas por el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans, quien calificó a Uruguay como una "nación pirata” por la aprobación de un marco legal que permite el consumo regulado de cannabis.

"Si bien Uruguay en el contexto internacional no tiene poderío económico ni tecnológico ni militar, sí tiene el poder de su palabra. Uruguay cumple sus compromisos y quizás por ello es muchas veces escuchado” señaló Porto ante las recientes acusaciones.

La iniciativa legal aprobada por el presidente José Mujica a finales de diciembre del 2013 y recientemente por el parlamento requiere de una normativa legal que debe presentarse en los próximo días para que la ley pueda en vigencia de forma plena.

Pese a que se desconocen los detalles de la nueva legislación; medios locales especulan con la creación de un registro de vendedores y cultivadores; así como la regulación de tenencia y consumo como un máximo de diez gramos semanales por persona.


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