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  • Aena es considerada la primera empresa gestora aeroportuaria del mundo con 187,4 millones de personas transportadas en 2013. (Foto: Archivo)

    Aena es considerada la primera empresa gestora aeroportuaria del mundo con 187,4 millones de personas transportadas en 2013. (Foto: Archivo)

Publicado 14 junio 2014

Las tres principales centrales sindicales españolas criticaron este sábado la privatización de los aeropuertos, la que consideran temeraria y generadora de incertidumbre ante la campaña turística de verano.

Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Unión Sindical Obrera negaron en un comunicado conjunto que exista un argumento objetivo para justificar esa decisión pues la empresa gestora generó 700 millones de beneficios en 2013.

Al final primaron las posiciones de quienes defienden los intereses privados frente a los de la ciudadanía, afirmaron los sindicatos citados por la agencia Prensa Latina.

El comunicado también duda del estimado hecho sobre el capital de la empresa (unos 16 mil millones de euros con 11 mil millones de deuda) y recuerda que hace unos años, cuando estaba en peor situación ya se le valoraba en 30 mil millones de euros.

La privatización, será un duro golpe para la economía y especialmente en el sector turístico, además de provocar el aumento de las tasas aeropuertarias, así como la reducción de la calidad y seguridad de las operaciones.

Otro resultado, según esa opinión, será la eliminación de las rutas no rentables para los intereses de los inversores aunque sí lo sean para los usuarios y el desarrollo económico y social de los entornos de los aeropuertos.

El Gobierno español anunció este viernes la privatización del 49 por ciento de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la empresa propietaria de 46 aeródromos y dos helipuertos, que constituyen la gran mayoría de instalaciones de ese tipo del país.

Igualmente el Gobierno español también busca la privatización de hospitales en Madrid que actualmente suman seis centrales y 27 de asistencia primaria, que  forma parte de una política de recortes aplicada por el gobierno Mariano Rajoy que ha afectado también a sectores como, educación y empleo.


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