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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró que el juicio político en su contra es un golpe explícito y un abuso de poder.
Durante el acto de entrega de contratos para construir 25 mil viviendas del programa "Mi Casa, Mi Vida", advirtió que lo que está en discusión es una elección indirecta que es maquillada con este proceso porque de manera descarada pretenden aplicar un programa de Gobierno que no fue aprobado en las urnas.
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La mandataria agregó que el proceso se realizó de forma violenta y rechazó que fuese aprobado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien este jueves fue suspendido provisionalmente de su cargo por su implicación en el caso de corrupción de Petrobras.
En este sentido, denunció que Cuhna es una persona sin principios éticos y entre sus prácticas condenables está el chantaje que hizo en contra de su Gobierno.
Detalló que Cuhna los amenazó diciendo que si no les daban los tres votos para impedir que la Comisión de Ética de la Cámara lo condenara él iba aceptar la solicitud de juicio político, que fue lo que hizo después.
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Además, manifestó que es un acto tan descarado que un abogado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que entró en el proceso y redactó la solicitud, dice que lo que hizo Cuhna fue un chantaje explícito.
"El pecado original de este proceso no puede esconderse y por eso todos aquellos que se benefician con este proceso, aquellos que están usurpando el poder como el vicepresidente de la República (Michel Temer), son cómplices de un proceso extremadamente grave", sostuvo.
La funcionaria resaltó que la garantía que tiene es que todo está siendo registrado en los papeles pero, sobre todo, en la conciencia del pueblo brasileño.
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"Por eso siempre quisieron que renunciara porque yo soy muy incómoda porque soy la presidenta electa, no cometí ningún delito y porque si yo renuncio dejo enterrada la prueba clara de un golpe que no tiene basamento legal y cuyo objetivo es ir en contra de los logros adquiridos en los últimos trece años", destacó.
En contexto:
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.
La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestal de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.
Pese a la falta de una base legal para realizar un juicio político en contra de Rousseff, el pasado 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó el pedido de impeachment con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes.
El caso pasó a una comisión de 21 senadores, la mayoría de oposición, que este viernes vota el informe presentado por el relator después de analizar los argumentos de la acusación y la defensa de la presidenta.
