La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo el miércoles que confía en que derrotar el proceso legal político que sigue en la Cámara de Diputados y con el que la oposición busca su renuncia.
"Tengo la convicción de que alcanzaremos los votos necesarios para acabar con el proceso", expresó la mandataria en rueda de prensa en el salón de operaciones del Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas del Centro de Operaciones Espaciales.
La Cámara de diputados conformó el pasado jueves la Comisión Especial que se encargará de la impugnación contra Rousseff, integrada por 65 legisladores, de los cuales 40 recibieron "en algún momento donativos de empresas o subsidiarias que son investigadas", según medios locales.
Afirman que al menos 16 de esos diputados son investigados por el Supremo Tribunal Federal (STF) por crímenes, la mayoría por corrupción, y cuatro están bajo la lupa de la operación Lava Jato.
El promotor del juicio político contra Rousseff, Eduardo Cunha, líder de la Cámara, enfrenta una acción legal por corrupción, lavado de dinero y por quiebra del decoro parlamentario en la Comisión Ética, que mintió sobre la tenencia de cuentas secretas en Suiza.
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La Comisión Especial culminará su trabajo en abril y luego pasará al pleno su informe para que los diputados decidan si aprobar o no el juicio. Para ello, necesitarán dos tercios de los votos, posteriormente pasará al Senado que decidirá por unanimidad si continúa el proceso.
Aunque algunos medios destacan que Rousseff no cuenta ni con la mitad de apoyo de la Cámara, la jefa de Estado dejó claro que junto al líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, quien es blanco de difamaciones para sacarlo del escenario político pese a su designación como ministro de la Casa Civil, batallará “en el Parlamento, en el campo judicial y en la calle”.
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Golpe Blanco
El economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, consideró que la pretensión de los opositores de hacer un juicio político a la mandataria es un"golpe blanco", puesto que el conocido impeachment solo es justificable cuando un presidente comete un delito y en este caso "desde el comienzo no lo hay", recalcó.
"Estamos en una democracia consolidada y (si se consumara la impugnación) eso sería un golpe muy serio contra ésta", añadió el experto.
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Ante la arremetida de la derecha, 115 movimientos sociales iniciaron una campaña para alertar a la ciudadanía del momento político actual y el aumento de la intolerancia contra quienes no apoyan el juicio contra Dilma.
En un comunicado advirtieron que están contra el golpe de Estado promovido por conservadores, "empresarios sin compromiso con el pueblo y medios de información manipuladores.