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Efraín Ríos Montt nació en Huehuetenango el 16 de junio de 1926. Se graduó como oficial del Ejército el 15 de febrero de 1950. Ascendió a coronel en 1966 y a general en junio de1972. Posteriormente ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército.
En 1974 se presentó como candidato a la presidencia, pero fue derrotado, tras lo cual fue enviado a España como agregado militar de la embajada de Guatemala. En marzo de 1982 ocupa el poder tras derrocar al también militar Fernando Romeo Lucas García, asumiendo poderes dictatoriales, en un asonada auspiciada por el gobierno estadounidense ante al ascenso de la insurgencia, fortalecida por la victoria de la Revolución Sandinista en Nicaragua.
Al asumir el poder, el dictador Ríos Montt hizo relucir las facetas mas importantes de su formación ligadas a sectores de derecha de la Iglesia del Verbo o Iglesia Gospel Outreach (pentecostal) cuya sede principal funciona en el Norte de California, EE.UU.; y su doctrina militar forjada en la Escuela de las Américas, principal centro de formación militar de represores latinoamericanos por parte del gobierno norteamericano.
El 23 de marzo de 1982, durante su primera conferencia de prensa tras el Golpe de Estado, el dictador Ríos Montt señalaba, “Estoy confiando en Dios, mi señor y rey, para que él me guíe, porque sólo él da y sólo él quita la autoridad”. De igual forma trazaba como objetivo de su gobierno, “rescatar los valores morales”. Muestras de su fanatismo religioso y su creencia en que estaba destinado a gobernar a Guatemala.
En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Estos planes, inscritos en la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por EE.UU., tenían como objetivo eliminar la base social de la guerrilla, “quitarle el agua al pez”, con el agravante de aplicar criterios racistas como “todos los ixiles son guerrilleros”.
Durante su gobierno estableció el estado de sitio, prohibiendo la actividad política; instaló los tribunales del fuero especial con jueces y acusadores sin rostro quienes tenían la facultad de juzgar a los supuestos guerrilleros y a la población acusada de dar a poyo a la insurgencia. Además, creó la organización paramilitar “Patrullas de Autodefensa Civil” (PAC), responsable de varias masacres contra la población civil.
En agosto de 1983, Ríos Montt fue derrocado por un nuevo golpe militar. Reaparece en la escena política a finales de los 80 liderando el derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Fue elegido diputado y presidió el congreso durante varios períodos evadiendo asi, mediante la inmunidad parlamentaria, la acción de la justicia. También encabezó varas
Datos del genocidio
El 26 de enero de 2012 tuvo lugar un hecho histórico en Guatemala, el inicio de un proceso judicial por genocidio contra el dictador José Efraín Ríos Montt. Junto a Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia en esos años, el dictador enfrentaba cargos de genocidio y otros delitos graves por atrocidades cometidas contra miembros de la comunidad maya ixil durante su mandato.
El 10 de mayo de 2013, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala declaró al general José Efraín Ríos Montt culpable, en concepto de autor, del delito de genocidio y de delitos contra la humanidad, imponiéndole penas de cincuenta años y treinta años de prisión inconmutables.
De acuerdo con la justicia, los testimonios y los peritajes demostraron, que bajo el mando de Ríos Montt, las fuerzas armadas de Guatemala elaboraron e implementaron planes destinados a eliminar a la población Maya Ixil, a la que consideraban “una comunidad que respaldaba a la guerrilla”.
El Tribunal demostró que Ríos Montt desarrolló el plan de seguridad nacional y autorizó operativos militares que incluyeron técnicas como el hambre, la militarización de aldeas, operaciones psicológicas para doblegar y destruir a los “enemigos internos”, fusilamientos; los cuales están registrados en los documentos de las fuerzas militares de la época.
Ríos Montt ordenó el desarrollo del Plan Victoria 82, con conocimiento de causa y autorizó su ejecución. El Plan pretendía destruir a las fuerzas guerrilleras y su base de operaciones a través de aniquilamientos y la táctica de tierra arrasada.
La sentencia determinó que el dictador guatemalteco supervisó, permitió y autorizó los ataques sistemáticos contra la población Ixil Maya y violó sus derechos humanos de forma planificada y sistemática.
La sentencia establece la responsabilidad penal individual del acusado, en la medida en que como Jefe de Estado de facto y Comandante General del Ejército de Guatemala, además de haber continuado y fortalecido la política contrainsurgente, autorizó y tuvo conocimiento de la implementación de los planes Victoria 82, Firmeza 83 y del Plan Sofía, así como tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en las aldeas ubicadas en el Quiché, de todas las masacres que se estaban cometiendo y no las detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración.
El Tribunal dictaminó que la fiscalía y la parte civil demostraron los siguientes delitos:
El Tribunal describió la participación forzada de la población en las patrullas de autodefensa civil (PAC) como método para destruir las formas de autogobierno y socavar a las autoridades indígenas locales.
La existencia probada de tales hechos corresponden a la descripción penal del delito de genocidio y de delitos contra la humanidad por parte del dictador José Efraín Ríos Montt.
Testimonios de las víctimas
Algunos de los relatos de las víctimas dan cuenta del horror:
Los crímenes perpetrados contra las mujeres Ixiles muestran que la violación sexual era utilizada como arma de guerra por el gobierno de Ríos Montt:
Otro de los testigos declaró un episodio de su infancia, durante su secuestro por parte del Ejército, en el destacamento de Visan, Nebaj:
En mayo de 2013 la sentencia contra Ríos Montt fue anulada por la Corte Constitucional, tras aceptar un recurso de la defensa según la cual el acusado se habría quedado sin asistencia legal el día 19 de abril fecha en que su abogado fue expulsado brevemente de la corte después de haber acusado al tribunal de parcialidad en un acto de desacato. Una decisión que ha sido denunciada y cuestionada nacional e internacionalmente.
Fuentes: CEJIL, FIDH, Red Voltaire, teleSUR
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