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La justicia colombiana dictó medida de aseguramiento contra 11 imputados por el caso de robo y tráfico de armas del Ejército de Colombia.
Los imputados habían sido trasladados a Montería, capital del departamento de Córdoba (noroeste), pero por no tener arraigo en esa región y por hacinamiento de más de 125 por ciento de su cárcel, fueron llevados en la tarde de este miércoles a Bogotá (capital).
Ninguno de los imputados aceptó los cargos de concierto para delinquir, tráfico de armas y peculado por apropiación.
El pasado martes, la Fiscalía colombiana había presentado en la fase de imputación de cargos, varios audios en los que se ven comprometidos los imputados, además de algunos documentos y otras pruebas recopiladas a lo largo de dos años de investigaciones.
Los involucrados en este escándalo son los militares activos Juan Pablo Laguna Medina, Gerardo Márquez Guerrero, Carlos Borda Garzón y Alexander Sánchez Puerta; los militares retirados coronel Robinson González del Río, Víctor Hugo Vélez Granada, William Gil Monsalve, José Silva Rincón y Henry Trujillo; y los civiles Rodolfo Rodríguez Méndez y Néstor Wilson Pinto.
Según un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Colombia, la falta de control e inventario a los almacenes donde se guardan las armas decomisadas, incautadas o incluso fabricadas para el Ejército, habrían permitido la salida y venta del armamento a la banda criminal "Los Urabeños" y a otros grupos paramilitares desde el 2012.
"Esas armas salen fácilmente. Salen por partes o por confianza de mando en los encargados de esos sitios llamados 'revista' en los batallones", agregó.
La mayoría del armamento que, al parecer, fue vendido a grupos armados ilegales por la presunta red de tráfico de armas, liderada según la Fiscalía por el coronel Róbinson González del Río, habría salido de 10 batallones ubicados en diferentes regiones del país suramericano.
Algunas son alquiladas
Según el alto oficial, para no levantar sospechas y no descuadrar el inventario, las armas que llegaron a los grupos delincuenciales fueron, en muchas ocasiones, alquiladas desde unidades militares donde hacían negocio.
"Estas llegaban hasta las cabeceras de las ciudades y allí las mueven de diferentes formas, porque los almacenistas no las transportan", explicó el alto oficial.
Por su parte, el consultor nacional en Seguridad y Defensa, John Marulanda, explicó que esta no es la primera vez que se da el tráfico de armas en el Ejército.
"Hay responsabilidad en los mandos de las unidades de las cuales se sustrae el armamento. Son culpables por omisión. Cada compañía pasa revista del armamento mensualmente y verifica con números de las actas, proveedores y munición", aseveró Marulanda.
El tráfico de armas para "Los Urabeños" y otros grupos delictivos es el tercer escándalo en el que se ve inmerso el Ejército nacional en menos de un mes.
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