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El Gobierno argentino promueve un discurso que relativiza los crímenes de lesa humanidad y niega el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura cívico-militar en el país.
El pasado 24 de marzo no fue un día más en Argentina. La cúpula del Poder Ejecutivo no sólo decidió no participar de las conmemoraciones del golpe de Estado de 1976, sino que utilizó la fecha para minimizar la existencia de delitos de lesa humanidad, considerar como excesos los crímenes cometidos por militares y señalar como terroristas a sus víctimas.
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Como respuesta a la postura oficial, unas 400.000 personas colmaron Plaza de Mayo en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.
Sin embargo, el discurso promovido por el oficialismo, incluso desde antes de llegar al poder, ha habilitado un debate que parecía superado en el país.
Los grupos que defendían la dictadura militar eran marginales y la lucha llevada adelante por organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y partidos políticos se consagraron en acciones concretas del Estado argentino para garantizar el avance de las investigaciones judiciales y el procesamiento de los imputados.
Hasta la actualidad, se han realizado un total de 321 sentencias en las que se evidencia un plan sistemático de desapariciones forzadas con el objetivo de “eliminar a la subversión” y que incorporaba el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de ciudadanos argentinos.
El hecho más simbólico registrado fue la muerte del máximo exponente de la dictadura militar y presidente de la Junta que dio el golpe de Estado, Rafael Videla, quien murió en el baño de una cárcel común el 17 de mayo de 2013, luego de haber recibido múltiples condenas a prisión perpetua.
La última de ellas fue por haber cometido delitos de lesa humanidad al secuestrar y ocultar 20 niños menores de 10 años de edad, robarles su identidad y en algunos casos también hacer desaparecer o matar a sus madres.
Sin embargo, con los cuestionamientos de la administración Milei, gana fuerza el negacionismo en la sociedad. A la vez que son dinamitados los consensos mínimos que habían posicionado a Argentina a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos y convirtieron a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como un ícono a nivel internacional.
Recientemente, la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) denunció un “atentado político” dirigido hacia una militante de la agrupación, a quien ataron, golpearon y abusaron sexualmente.
Según expresaron, los autores habrían pintado en la pared del lugar del ataque -el domicilio de la víctima- la sigla “VLLC”. La misma remite a la frase con la que se identifica el presidente Javier Milei y sus seguidores: “¡Viva La Libertad, carajo!”.
En la mañana del domingo 24 de marzo, la cuenta oficial del Gobierno argentino compartió un material audiovisual de 12 minutos, donde se equiparan los atentados realizados por grupos insurgentes contra militares, a los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Además, el video pone en duda la cifra de desaparecidos y señala una supuesta utilización de los derechos humanos con fines políticos y económicos.
POR UNA MEMORIA COMPLETA PARA QUE HAYA VERDAD Y JUSTICIA. https://t.co/yxVQU1O5XO
— Javier Milei (@JMilei) March 24, 2024
La provocación no es la primera en este sentido. Durante la campaña presidencial, Milei ya había señalado que la cantidad de desaparecidos era menor a 30.000 y recuperó una idea que había sido superada por la sociedad de ese país, “la teoría de los dos demonios”.
Esta interpretación sostiene que el régimen del terror llevado por el Estado argentino estuvo justificado debido a que había “una situación de guerra” con la subversión que intentaba instalar un supuesto régimen comunista en el país.
Bajo esta lectura de la historia se iguala las atrocidades del Estado nacional con las acciones a un grupo armado irregular y se señala crímenes sistemáticos como excesos aislados.
Esto, pese a la comprobación a partir de la reconstrucción en centenares de juicios, de la puesta en marcha de toda una estructura paraestatal, dirigida desde las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que, con complicidad judicial, actuaban de manera coordinada y planificada para llevar adelante las acciones denunciadas.
Esta estructuración estratégica de la represión es similar a la utilizada en otros países de Latinoamérica, y comparten la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, política promovida y enseñada desde Estados Unidos (EE.UU.), por la cual se justifica la aplicación de métodos propios de la guerra en base a la creación de un enemigo interno al cual, como sucede en una contienda bélica, hay que eliminar.
Por otra parte, junto a su vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente Milei enarbola un discurso que ya había expresado Mauricio Macri, el de decir que las organizaciones de derechos humanos realizan un “curro”, como se dice en Argentina a las maniobras de dudosa legalidad, para hacerse de dinero sin el correspondiente merecimiento.
La respuesta de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue la denuncia de que “las constantes provocaciones del Gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional”, tras lo cual hizo una pausa para que el público chiflara a la fórmula presidencial.
Y agregó que “la democracia argentina tiene una enorme deuda, restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría de ellas, nacidos en las maternidades clandestinas de la dictadura y que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre todas y todos a las Abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlas”.
Los posicionamientos de Milei en general hacen eco de quien es la principal vocera del discurso negacionista, Victoria VIllarruel.
La actual vicepresidenta es hija de un veterano de la guerra de Malvinas que se negó a jurar la defensa de la Constitución Nacional cuando la Argentina recuperó la democracia y es sobrina de un militar imputado por crímenes de lesa humanidad
El día 24, Villarruel publicó un video propio con una entrevista a Isaac Barrios, vicepresidente de Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), asociación entre los que hay familiares de condenados por delitos de lesa humanidad, a la que ella pertenece. La publicación fue acompañada por el Hashtag "#NoFueron30000".
El discurso sostenido por la vicepresidenta y el CELTYV, del que formó parte hasta asumir su mandato, no niega los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura, pero los iguala con los sufridos por las familias militares que vivieron atentados.
Detrás de la victimización se promueve la lectura de la historia en la cual se justifica el desempeño castrense durante la dictadura.
De hecho, la compañera de fórmula de Milei visitó al dictador Videla en reiteradas oportunidades en la cárcel y apareció en la lista de contactos telefónicos de Miguel Etchecolatz, uno de los máximos responsables de plan de exterminio llevado adelante en la provincia de Buenos Aires, condenado ocho veces a cadena perpetua.
Una de ellas por el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices.
La embestida contra los derechos humanos no se reduce solamente a lo discursivo. En lo que va de su gestión, el Gobierno de Javier Milei ejecutó un 17 por ciento menos de presupuesto en términos reales en políticas de derechos humanos comparado con el período enero-marzo del 2023.
A su vez, el financiamiento de espacios de la memoria, como el museo y espacio cultural ubicado en la ex Escuela de Mecanica de la Armada, donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención y tortura, se redujo a cero desde que asumió la nueva administración.
A su vez, sectores estratégicos como el Banco Nacional de Datos Genéticos utilizado para contrastar la identidad de hijos de desaparecidos, o la custodia del Archivo Nacional de la Memoria, se vieron reducidos en un 37,25 por ciento y un 56 por ciento interanual, según se desprende de un análisis que el Centro de Economía Política (CEPA).
Por otro lado, como en otras reparticiones del Estado, el Gobierno actual no designa autoridades para ocupar cargos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Sin líneas de trabajo ni financiamiento, el organismo se encuentra prácticamente fuera de funcionamiento.
Mientras que bajo el argumento de una supuesta “reestructuración”, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, anunció una serie de despidos en el sector de Prensa y Comunicación.
Sería solo un anticipo de lo que se espera para el próximo 31 de marzo, fecha clave debido a que el Gobierno nacional anunció que no se renovarán los contratos del personal que no sea planta permanente de las distintas dependencias; sindicatos estiman que hay más de 15.000 trabajadores en esta situación.
