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El presidente del sindicato, Max Ruiz, dijo que espera a que el Congreso escuche los reclamos de los trabajadores quienes exigen ser excluidos de la Ley Servir. (Foto: @JaimeteleSUR)

    El presidente del sindicato, Max Ruiz, dijo que espera a que el Congreso escuche los reclamos de los trabajadores quienes exigen ser excluidos de la Ley Servir. (Foto: @JaimeteleSUR)

Publicado 9 abril 2014

Trabajadores administrativos y auxiliares del Poder Judicial de Perú, cumplen este miércoles 16 días de huelga nacional indefinida que iniciaron en protesta de la exclusión de la Ley del Servicio Civil (Servir) a su sector.

La Ley Servir se basa, principalmente, en crear un régimen que introduce meritocracia a la carrera pública a través de sistemas de evaluación y capacitación. Y las decisiones administrativas finales sobre el destino de cada trabajador las deja en manos de la entidad donde ellos laboran, en este caso el Poder Judicial.

El presidente del sindicato, Max Ruiz, dijo que espera a que el Congreso escuche los reclamos de los trabajadores quienes exigen ser excluidos de la Ley Servir, así como la promulgación de la ley de la  carrera del auxiliar jurisdiccional y  el cumplimiento de la escala remunerativa.

“No pueden cerrarse en una intransigencia de creer que el Poder Judicial puede ser eficiente a través de una propia ley, eso queremos que entiendan”, indicó y recordó que diariamente son 4 mil casos sin resolver, 70 mil notificaciones sin enviar y más de 1 millón de soles de pérdidas.

Asimismo, Ruiz remarcó que los trabajadores judiciales “no somos intransigentes ni rebeldes”, por lo que realizarán las coordinaciones correspondientes para permitir la lectura de sentencia del caso Utopía cuyos deudos esperan justicia desde hace más de 11 años.

"La paralización de labores es un paso para que se den cuenta de nuestra situación. Ahora radicalizaremos la huelga", dijo el líder sindical, quien evitó precisar qué medidas exactamente acatará el gremio en el marco de esa radicalización.

La huelga nacional indefinida obedece a tres puntos: La exclusión de los servidores judiciales del régimen laboral del servicio civil, la promulgación de la ley de la carrera del auxiliar jurisdiccional que está en el Congreso y el cumplimiento de la escala remunerativa.


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