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Proceso legal contra campesinos llega a su fin luego de haber iniciado el 27 de julio de 2015.

Proceso legal contra campesinos llega a su fin luego de haber iniciado el 27 de julio de 2015. | Foto: EFE

Publicado 11 julio 2016



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Familiares aún aguardan por la investigación de la muerte de los trabajadores del campo y que se haga justicia, al igual que con los policías. 

Los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia que juzga a los acusados por la matanza de Curuguaty, tienen previsto dictar la resolución el caso este lunes a las 13H00 hora local. 

Ramón Trinidad Zelaya, Samiel Silvero y Benito González condenarán o absolverán a los once procesados, luego de un juicio que se caracterizó por dilaciones, suspensiones y testimonios contradictorios. 

>> Paraguay: reina la impunidad por la masacre de Curuguaty

La Fiscalía solicitó penas de entre cinco y 40 años de cárcel para los acusados, mientras que los abogados defensores pidieron al Tribunal de Sentencia la absolución de todos los campesinos. 

El proceso oral y público, calificado de irregular por diversas fuentes, tuvo lugar a raíz de los sucesos acaecidos en junio de 2012 en la localidad rural de Curuguaty, a 240 kilómetros al noreste de Asunción (Capital), durante los cuales murieron por disparos 11 labriegos y seis policías.

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El juicio ha sido severamente criticado porque solo fueron encausados los campesinos imputados por el deceso de los agentes, mientras que ninguna autoridad involucrada ni tampoco las circunstancias de la caída de los labriegos, fue investigada. 

El dato:  Familiares y campesinos han denunciado que el Ministerio Público solo se ha encargado de investigar la muerte de los policías, mientras que sobre los trabajadores del campo impera la impunidad.

De los acusados, nueve tienen cargos por tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, un par de ellos por esos dos últimos supuestos delitos y otro por frustración a la persecución penal.

En contexto 

La masacre de Curuguaty ocurrida el 15 de junio de 2012 se produjo cuando un grupo policial paraguayo desalojó un colectivo de campesinos que ocupaban una finca para la producción agrícola, llamada Campos Morombu, a solicitud del Ministerio del Interior. 
La oposición del país atribuyó a priori la responsabilidad de lo acontecido al expresidente Fernando Lugo, lo cual fue usado como argumento para un juicio en el Congreso del país que terminó en la destitución del mandatario.
Dicho desenlace fue denunciado en múltiples instancias del país y fuera de él por quienes lo calificaron de golpe de Estado parlamentario.

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