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  • Pilay reiteró que EE.UU. debe imponer una moratoria en la pena capital (Foto:Archivo)

    Pilay reiteró que EE.UU. debe imponer una moratoria en la pena capital (Foto:Archivo)

Publicado 2 mayo 2014

La ejecución del recluso Clayton Lockett, en Oklahoma (centro-sur de Estados Unidos) pudo constituir un caso de tortura y merece el calificativo de cruel, inhumana y degradante, dijo este viernes, la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Lockett de 38 años, que fue sentenciado a la pena capital por el asesinato de una joven en 1999, agonizó por largo tiempo antes de morir de un infarto provocado, según el portavoz de la Oficina con sede en Ginebra, Rupert Colville, hecho que pudiera violar la Octava Enmienda de la Constitución norteamericana, la cual establece "que no puede infligirse un castigo cruel e inusual".

De acuerdo con Colville, la muerte de Lockett es el segundo caso de sufrimiento extremo, reportado este año en Estados Unidos, a causa de la inyección letal. El recluso falleció de un ataque al corazón, tras 43 minutos de agonía luego de que le fuera inyectada la droga para este tipo de procedimientos.

El delegado recordó que el pasado 16 de enero, Dennis McGuire murió en circunstancias similares, durante su ejecución en el estado de Ohio (noreste).

“El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité contra la Tortura han solicitado al gobierno de Washington revisar sus métodos de ejecución con el fin de evitar el dolor y el sufrimiento severo”, señaló Colville

Además, aclaró que la entidad ha denunciado la falta de autoridades en la sentencia de pena capital. "La aparente crueldad de esas recientes ejecuciones refuerzan el argumento de que las autoridades norteamericanas deberían imponer de inmediato una moratoria en la aplicación de la pena capital", dijo Colville.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos también fustigó a Estados Unidos por la violación del derecho internacional en la ejecución de al menos dos ciudadanos mexicanos.

El caso más reciente fue el de Ramiro Hernández, ejecutado de la misma forma, pese a que en 2004 la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una resolución en la que exigía al país reconsiderar a los 51 mexicanos sentenciados a muerte.


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