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El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta (norte) condenó a 40 años de prisión al sargento primero, Harold Cuarán, y a 38 años a los soldados Hernesto Murillo Fontalvo, Carlos Díaz Valdés y Giovani Quintero, del Batallón Córdoba de Santa Marta, Magdalena, por los delitos de homicidio en personas protegida, desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
La justicia le llegó a los uniformados gracias a que los paramilitares que participaron de los hechos iniciales los confesaron, acogiéndose así a sentencia anticipada para tratar de entrar en la cuestionada lista de beneficios que otorga la Ley de Justicia y Paz.
La Corte Suprema, no obstante, consideró que los hechos sucedieron después de la vigencia de la Ley 975 de 2005, quedando el proceso en la justicia ordinaria y sin las prebendas de Justicia y Paz.
Las víctimas son la niña Karen Meriño, José Domingo Palacios, Arnulfo López, Milton Torres, Jorge Polo, Gustavo Espinosa y dos personas mencionadas como ‘María’ y ‘la India’.
Los restos de los demás no han podido ser hallados o identificados, porque sobre las fosas comunes de N.N. en Ciénaga, Magdalena, se construyeron bóvedas.
Los hechos
Un día de finales de febrero de 2006 varios paramilitares del Bloque Norte llegaron a la finca algodonera La Reserva en zona rural de Algarrobo, Magdalena, y se llevaron a dos personas. Volvieron tres veces más, secuestrando a un total de nueve personas, cinco hombres y cuatro mujeres. El primero de marzo se llevaron a la última: Una niña de seis años.
Tras torturar y asesinar a cuatro de ellos, incluyendo a la niña, las autodefensas entregaron los cadáveres y las cinco personas vivas al Ejército.
Dos de los vivos fueron presentados luego como muertos en combate en Aracataca, Magdalena, por la Compañía Halcón del Batallón Córdoba y otros dos también fueron presentados como muertos en combate, esta vez en Zona Bananera, Magdalena, por la Compañía Cascabel del Batallón Contraguerrilla Dos Los Guajiros.
La quinta víctima está desaparecida.
Así describe los hechos el fallo del pasado 8 de abril por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta de Descongestión.
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