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  • Pese a que celebraron la decisión, criticaron los beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad. (Foto: Archivo)

    Pese a que celebraron la decisión, criticaron los beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad. (Foto: Archivo)

Publicado 7 febrero 2014

La Justicia de Chile acusó este viernes a 53 exagentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), policía política de la dictadura de Augusto Pinochet, por la muerte y desaparición de seis líderes comunistas -opositores a la dictadura-en 1976.

En torno al caso, declaró ante los medios el abogado de las familias de las víctimas, Eduardo Contreras, quien había presentado centenares de querellas contra el dictador. "Es una decisión histórica", sostuvo.

La decisión fue tomada por el juez Miguel Vásquez, y tomó como basamento años de investigaciones.

Las víctimas, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Waldo Pizarro, fueron torturadas por meses en una cárcel secreta en la capital chilena.

En los hechos, al parecer, participaron varias mujeres, entre ellas Adriana Rivas, quien reside actualmente en Australia.

Sin embargo, debido a las acusaciones, el abogado Contreras no desestima que sea extraditada. "De acuerdo a la actual institucionalidad que une a Chile y Australia, ésta es perfectamente viable", dijo.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, celebró los avances en la causa de su padre, Waldo Pizarro. Sin embargo, criticó los beneficios otorgados recientemente a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Sostuvo que "por desgracia, tenemos un Estado que indulta o da beneficios carcelarios a los que cometieron tanta barbaridad".

Organizaciones sociales estiman que, durante la dictadura de Pinochet, unos tres mil 200 chilenos murieron a manos de agentes estatales y otros 34 mil fueron encarcelados y torturados por motivos políticos, de los cuales mil 192 aún están registrados desaparecidos.


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