Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
La sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura vuelve este jueves a reunirse para estudiar el caso del alcalde mayor de Bogotá, capital de Colombia, Gustavo Petro.
Ya cuatro magistrados manifestaron no estar de acuerdo con lo que buscan las tutelas interpuestas por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, que inhabilitó a Petro por 15 años para ejercer cargos públicos.
La sala Disciplinaria también deberá resolver las tutelas de 185 ciudadanos quienes alegan que con la destitución de Petro la Procuraduría les está violando el derecho al voto.
Mientras tanto, en el Consejo de Estado todavía faltan por ser falladas más de 20 tutelas. Además, ratificó la improcedencia de la tutela interpuesta por el alcalde de Bogotá para tratar de "desvirtuar" la tutela del procurador general.
La presidenta del Consejo de Estado, María Clara Rojas, explicó que el término legal es de 20 días, pero debe entenderse, que apenas este miércoles recibió todos los expedientes. El tribunal todavía no decide si las resuelve de manera individual o si las acumula y emite una sentencia única.
Sólo cuando las altas cortes revoquen todas las tutelas que ordenaron la suspensión de la destitución del alcalde Petro, la Procuraduría podría solicitar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que haga efectiva la destitución e inhabilidad por 15 años del mandatario capitalino.
La posibilidad de que Gustavo Petro pueda mantenerse al frente de la administración cada día se limita más a la eventualidad de que un tribunal dentro o fuera del país le conceda medidas cautelares.
Los petristas aseguran que un "no" del Consejo de Estado, sumado a un "no" de la Judicatura, sería suficiente para activar el reloj y esperar una pronta decisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH continúa el estudio de la petición de medidas cautelares que hizo el alcalde y que con la caída de las tutelas aceleraría los tiempos para tomar una decisión, que según algunas fuentes podría ser favorable a Petro, teniendo en cuenta que la destitución es un acto administrativo y no una sentencia judicial como lo prevé el Pacto de San José para perder los derechos políticos.
Boletines
