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  • Las carpas de los luchadores sociales se instalaron frente al Ministerio de Justicia desde hace dos años para que aceleraran las investigaciones y cesara la impunidad en su contra (Foto:boliviaentusmanos.com)

    Las carpas de los luchadores sociales se instalaron frente al Ministerio de Justicia desde hace dos años para que aceleraran las investigaciones y cesara la impunidad en su contra (Foto:boliviaentusmanos.com)

Publicado 11 febrero 2014

Al menos un centenar de expedientes de víctimas de las dictaduras en Bolivia se perdieron esta semana, como consecuencia de un incendio ocurrido el pasado domingo en las carpas que la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad instaló en la ciudad de La Paz (oeste), específicamente frente al Ministerio de Justicia.

La secretaria nacional de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Pamela Ledezma, consideró que el incendio fue "un atentado que trató de destrozar las pruebas que se tenían" de las víctimas.

Los documentos calcinados eran parte de las pruebas que la instancia había guardado para llevarlos ante la APDH y presentarlos luego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los luchadores sociales han permanecido dos años acampados a las puertas del Ministerio, exigiendo el cumplimiento de una ley de 2004 que establece el pago a los afectados por las dictaduras en el país.

“No es la primera vez que se amedrenta a las víctimas, ya que quienes están en vigilia sufren hostigamiento permanente", señaló Ledezma.

La activista agregó que se quemó casi el noventa por ciento de la documentación archivada y denunció lesiones que sufrieron tres personas de la tercera edad, quienes dormían en las carpas cuando se suscitó el incendio.

Por su parte, la ministra boliviana de Justicia, Sandra Gutiérrez, expresó su lamento por lo ocurrido y solicitó al ente castrense iniciar de inmediato las investigaciones para determinar las causas del incendio.

"Nosotros somos muy apegados a la ley. Ya se han cumplido los plazos y ahora son otras instancias las que tienen que ver si son procedentes (las demandas de las víctimas). Este tema está siendo atendido ahora por el Ministerio de Gobierno", enfatizó Gutiérrez.

El colectivo fue víctima de las dictaduras de los Gobiernos de facto entre los mandatos de 1964-1982 cuando la militarización se apoderó del país y cercenó a los activistas sociales, en su mayoría indígenas y campesinos.


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