Gobierno ecuatoriano anuncia tres cambios en su gabinete ministerial

El gobierno de Ecuador anunció este jueves tres cambios en el gabinete ministerial del presidente Rafael Correa, en una serie de ajustes realizados por el mandatario luego de las elecciones seccionales que se celebraron en ese país el pasado 23 de febrero.

Ledy Zúñiga es la nueva ministra de Justicia, mientras que Carlos Marx Carrasco es el nuevo titular de la cartera de Relaciones Laborales; por su parte, Ximena Amoroso ocupará la dirección del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI por sus siglas).

Estas modificaciones se unen a las realizadas el día lunes, cuando Paola Carvajal pasó al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en reemplazo de María de los Ángeles Duarte; Vinicio Alvarado fue designado a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, en sustitución de Cristian Castillo; y Viviana Bonilla a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, en lugar de Betty Tola.

En ese sentido, Correa también designó a Michel Doumet Antón como representante del Ejecutivo ante la Agencia de Regulación, Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Además, Omar Antonio Simón Campaña será Secretario General de la Presidencia, Rommy Vallejo Vallejo fue asignado a la Secretaría Nacional de Inteligencia y Héctor Solórzano Camacho ahora es delegado del Presidente ante el Directorio de la Comisión de Tránsito.

En relación con los funcionarios que fueron reubicados, destacan Cristian Castillo, quien ahora será consejero del Presidente, y Betty Tola, quien será reubicada dentro del gabinete, aunque aún no se difunde cuál será su nuevo cargo.

Esta medida fue tomada por el mandatario ecuatoriano luego de conocidos los resultados de los comicios seccionales en su nación, donde Alianza PAIS se consolidó como principal partido político en Ecuador, pero cedió espacios importantes como Quito, Cuenca y Guayaquil.

Entre otras medidas ejecutadas por el presidente Correa se encontraría la reducción de las cadenas nacionales y el permiso a varios ministros nacionales para conceder entrevistas a medios de comunicación privados; orden tomada ante la conflictividad entre el Ejecutivo y la prensa privada por la manipulación informativa.