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Gobernador de Guerrero pide licencia pero no renuncia
Publicado 23 octubre 2014





Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero (sur de México), pidió este jueves separarse de su cargo por 30 días tras la ola de protestas por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

El gobernador de Guerrero (sur de México), Ángel Aguirre, solicitó este jueves al Congreso del Estado una licencia para separarse de su cargo por 30 días tras la ola de protestas en ese país, con alcance global, por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Aguirre pidió licencia por 30 días, que después podría ser definitiva, tras reunirse esta tarde con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Destacó que la petición de una licencia temporal se fundamenta en artículo 84 de la constitución del estado de Guerrero.

La solicitud de Aguirre se hace 27 días después de la desaparición de los jóvenes tras una arremetida policial, y momentos después de que la unión de los pueblos de Guerrero anunció que encontraron entre siete y nueve fosas más en el municipio de Iguala (donde fueron vistos con vida los jóvenes por última vez) con restos humanos, reportó la corresponsal de teleSUR en México, Aissa García.

Aguirre, que llevaba tres años y seis meses en el cargo, explicó que: “He decidido solicitar licencia al congreso del Estado, que será quien decida quién deberá encabezar este esfuerzo e los próximos meses”.

Asimismo, aseguró que separarse del cargo “es una decisión responsable para seguir sirviendo al pueblo y al estado que me vio nacer”. También agradeció a los guerrerenses que lo acompañaron durante su gestión y a sus contrarios.

EL DATO. Son nueve los gobernadores mexicanos que han renunciado en los últimos 26 años por presiones políticas y sociales. Aguirre es el segundo en separarse del cargo en Guerrero; Rubén Figueroa del PRI hizo lo propio en 1996 tras ser señalado por organizaciones sociales como responsable del asesinato de 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

En contexto

Entre el 26 y 27 de septiembre, la policía de Iguala disparó contra los autobuses donde se trasladaban los estudiantes normalistas, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.

La indignación global por el caso también se sustenta en la aparente inacción del Gobierno nacional y su falta de respuestas en un caso de desaparición masiva y a la luz pública. Los familiares de los jóvenes, que llevaban a cabo una protesta contraria al Gobierno regional, han asegurado que no confían en la claridad de la investigación del caso.

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